EH Bildu pidió ayer que se afronte la crisis con medidas estructurales, y anunció que la coalición abertzale presentará un decálogo a finales de septiembre. El director de Programas, Pello Otxandiano, adelantó uno de los planteamientos de EH Bildu: adelantarse al Estado español y abordar desde la comunidad autónoma vasca un impuesto sobre los beneficios extraordinarios de las energéticas. Dijo que la comunidad autónoma tiene ciertas competencias, y planteó dos vías: que las Juntas Generales fijen un recargo en el Impuesto de Sociedades, que sí es de su competencia; o que se trate de concertar un nuevo impuesto con el Estado español. Planteó que la decisión sea homogénea en los tres territorios, como reflexión “de país”. También vio con buenos ojos el anuncio de Pedro Sánchez sobre el impuesto a la banca, lo que en el fondo supone hacer cierto seguidismo de Madrid.

Otxandiano aseguró que EH Bildu presentará una propuesta base que compartirá con los principales agentes del país. Planteó abordar una profunda redistribución de la riqueza que “ponga freno al trasvase de las rentas del trabajo a las rentas del capital que se está produciendo desde 2008”, y abogó por controlar los precios de la energía para frenar la inflación. Además, propuso un “pacto de bienestar a la vasca”, un acuerdo entre partidos políticos, instituciones, sindicatos y patronales frente a los posibles pactos de rentas en el Estado español que se planteen con carácter regresivo y persigan “la contención salarial”.

El decálogo de medidas lo presentará EH Bildu a finales de septiembre, aunque Otxandiano quiso adelantar que entre esas actuaciones se encontrará el gravamen a las eléctricas. El presidente español acaba de anunciar un impuesto sobre los beneficios extraordinarios de las energéticas y la banca, que se canalizará por la vía de una o varias proposiciones de ley y a través de los grupos parlamentarios del PSOE y Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados. El PNV está de acuerdo en que las eléctricas asuman parte del coste de la crisis, pero pide una reflexión seria para que no repercutan el impuesto en los consumidores ni se provoque un efecto en cadena o una pérdida de inversiones.