- El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha acordado oficiar a la Guardia Civil para que elabore un informe pericial de inteligencia en el que se recoja toda la documentación de la que disponga y que arroje luz sobre la participación directa o indirecta de los jefes de ETA en el secuestro y asesinato del edil del PP en Ermua Miguel Ángel Blanco en 1997.
En el auto notificado ayer, el magistrado, que fue el instructor de la causa hace 25 años, acuerda su reapertura para investigar si los miembros del comité ejecutivo de ETA (ZUBA) en el momento de los hechos dieron la orden de asesinar al concejal o bien si son responsables por omisión porque hubieran podido impedir su asesinato durante las 48 horas que estuvo secuestrado. El informe también deberá incluir otros elementos documentales relacionados con otras acciones terroristas contemporáneas al atentado para estudiar el modus operandi utilizado por ETA y su dirección.
Este paso del magistrado se conoce después de que trascendiera el lunes pasado que admitía la querella de la Asociación Dignidad y Justicia contra nueve exjefes de la organización terrorista ETA por el secuestro y asesinato Blanco.
En este auto, García-Castellón indica que “es difícil pasar por alto la singular circunstancia que se da en este caso” porque la reapertura la pide “el mismo magistrado que instruyera este procedimiento casi 25 años después de su incoación”. Añade que, si bien “no es algo frecuente”, sí “permite aprovechar la ventaja de contar con un conocimiento directo de lo acontecido”.
La querella se admite contra Iñaki Gracia Arregi, alias Iñaki de Renteria; Josetxo Arizkuren, Kantauri; Marixol Iparragirre, alias Marisol, también Anboto; Asier Oiartzabal, alias Baltza; Juan Carlos Iglesias Chouzas, Gadafi; Mikel Albisu Iriarte, también conocido como Mikel Antza; Bixente Goikoetxea Barandiaran, Willy; Jokin Etxebarria Lagisquet y Carlos Ibarguren Agirre, con el seudónimo Nervios.
El juez explica que la interposición de la querella resulta coherente con la investigación realizada en su juzgado para esclarecer el círculo de partícipes e intervinientes en la comisión de los hechos y determinar, en su caso, la posible responsabilidad penal que pudiera corresponder a cada uno de ellos.
En relación con la posible comisión por omisión, el juez señala que en pocos casos como en este atentado puede perfilarse con más nitidez esta figura penal, “pues quienes ejercían el liderazgo de la organización terrorista, el llamado Comité Ejecutivo, dispusieron de al menos 48 horas para detener la acción, pudiendo disponer en todo este tiempo, presuntamente, un dominio directo del hecho en el marco de la organización”. Esta circunstancia “permite desde este momento procesal iniciar una investigación para delimitar el alcance de sus responsabilidades”, añade.
Se trataría, según el magistrado, no solo de concretar la existencia cualquier documento o prueba en la que aparezcan indicios de las personas que, no habiendo participado en la ejecución material de los hechos, hubieran dado instrucciones para el secuestro y asesinato de Blanco, sino de determinar si, quienes pudiendo haberlo detenido en cualquier momento, teniendo conocimiento de la acción, no lo hicieron.
Esta reapertura va en consonancia con la ofensiva iniciada por asociaciones de víctimas en la Audiencia Nacional y que ha cercado en los últimos meses a exjefes de ETA como Mikel Antza, Iñaki de Renteria y Josu Ternera, que se ven inmersos en investigaciones para tratar de determinar si son autores intelectuales de algunos de los asesinatos de la organización. //
