El Pleno del Senado ha aprobado este miércoles el proyecto de ley por el que se modifica la Ley 12/2002 del Concierto Económico Vasco para adaptarlo a las nuevas normativas comunitarias de comercio transfronterizo y figuras tributarias aprobadas por el Gobierno.
Lo ha hecho por procedimiento de urgencia -sin trámite de enmiendas-, con una amplia mayoría -253 votos a favor, tres abstenciones y cinco en contra- y después de salvar los vetos planteados por Vox y Ciudadanos, apoyados solo por sus propios senadores.
Estas dos formaciones consideran el modelo de financiación vasco un "privilegio", aunque Cs no discute la legalidad del concierto sino "la metodología del señalamiento del Cupo", que a su juicio conduce a "una sobrefinanciación de las administraciones vascas a costa del resto de contribuyentes".
El senador de Vox José Manuel Marín ha opinado que esta iniciativa "ahonda en las desigualdades entre las personas físicas y jurídicas sometidas al régimen común y al régimen foral", mientras que Miguel Sánchez López, de Cs, ha defendido su devolución al Gobierno tras definir el proyecto como un "acuerdo bilateral entre dos gobiernos" en el que "se obvia" al parlamento.
Durante el debate, la parlamentaria del PNV Dolores Etxano ha dicho que este proyecto de ley "es fruto del diálogo y del consenso", "evidencia el acuerdo bilateral entre el Gobierno Vasco y el Estado" y "pone en valor el carácter pactado del modelo de financiación vasco que constituye el concierto, componente esencial del autogobierno".
El representante de Geroa Bai Koldo Martínez ha advertido de que no se quedarán "quietos ante cualquier atropello a las libertades forales" y ha abogado por un "pacto con mayúsculas, una solución permanente", acordada "primero" en Navarra y "posteriormente pactada de igual a igual con el Estado".
En su turno, el senador popular José Vicente Marí Bosó, ha dicho que esta modificación "es cumplir la Constitución", aunque le gustaría más hacerlo "bajando impuestos" en lugar de "concertando nuevos impuestos", y el representa del PSOE, José María Oleaga, en el mismo sentido, ha destacado la constitucionalidad del concierto y la "normalidad" con la que se debe aprobar esta modificación.
Oleaga ha aprovechado para preguntar si "de verdad" el PP quiere tener a Vox como "aliado preferente", un partido, ha dicho, "que está dispuesto a acabar con el pacto constitucional, sancionar a los partidos políticos y acallar la voluntad ciudadana".
Esta modificación del Concierto se acordó en la reunión de la Comisión Mixta del Concierto Económico celebrada de 29 de julio de 2021, entre la Administración General del Estado y el Gobierno Vasco y las tres diputaciones forales, se acordó esta modificación.
Tal y como se determinó entonces, la modificación permitirá concertar el Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales (conocida como "tasa Google") y el Impuesto de Transacciones Financieras (llamado también "tasa Tobin"), así como los regímenes especiales del IVA del comercio electrónico transfronterizo, que suponen la modernización y simplificación de este gravamen.
Ambas figuras se incorporan al Concierto como tributos concertados de normativa estatal, de modo que la exigencia del pago del impuesto por parte de las diputaciones forales se producirá aplicando las mismas normas sustantivas y formales establecidas por el Estado a nivel general.
En sendas figuras, los sujetos pasivos tributarán a las diputaciones forales, a la Administración del Estado o a ambas administraciones.
Lo harán en proporción al volumen de operaciones sujetas al impuesto realizado en cada territorio durante el período de liquidación en el caso del Impuesto sobre Transacciones Financieras, y al volumen de prestaciones de servicios digitales realizado en cada territorio en el Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales. Respecto a la competencia inspectora, se asigna en función del domicilio fiscal del contribuyente.
El vigente Concierto Económico, aprobado por la Ley 12/2002, prevé que en el caso de que se produzca una reforma en el ordenamiento jurídico tributario del Estado que afecte a la concertación de los tributos, se registre una alteración en la distribución de las competencias normativas o se creen nuevas figuras tributarias, se deberá adaptar, de común acuerdo, el propio Concierto, como ocurrió por última vez en 2017.