Queda poco más de un año para las próximas elecciones municipales y forales y a estas alturas, las formaciones políticas empiezan a jugar sus estrategias y también a marcar diferencias con respecto al rival, posicionando su discurso y sus propuestas de cara a la ciudadanía.
El Ayuntamiento de Irun no es una excepción en todo esto, pero la tensión política que se viene viviendo en la ciudad del Bidasoa desde principios de año va más allá.
Todo empezó cuando Xabier Iridoy, el edil de Urbanismo jeltzale y socio de gobierno del alcalde socialista, José Antonio Santano, anunciaba el pasado 12 de enero haber llegado a un acuerdo con los propietarios del ámbito de Korrokoitz, en la Parte Vieja, para impulsar el desarrollo de 300 viviendas, desbloqueando una operación compleja que llevaba años estancada.
Inmediatamente, el portavoz del PSE y socio de gobierno de Iridoy, Miguel Ángel Páez, salía a la palestra para censurar a su compañero por “anunciar un acuerdo sin tener, por parte de los técnicos municipales, los informes técnicos pertinentes” que lo den por bueno.
escalada de tensión Se iniciaba así una escalada de declaraciones públicas entre quienes llevaban gobernando Irun desde el verano de 2015. Iridoy y el PNV, reafirmándose en el acuerdo urbanístico logrado y en su pleno encaje legal, y el PSE, con Páez y el propio alcalde, reiterando que “sin informes, no se debió anunciar nada”. Todo ello culminaba el 22 de enero, cuando José Antonio Santano anunció el cese de Xabier Iridoy como edil de Urbanismo, argumentando para ello “la falta de confianza personal” para con su socio y su “actuación al margen de los informes técnicos y de la legalidad urbanística” en el asunto de Korrokoitz.
Dos días después, las otras dos ediles que el PNV tenía en el gobierno presentaban sus dimisiones, el acuerdo quedaba roto y los jeltzales emplazaban a Santano a “sacar a la luz pública las pruebas de esa actuación al margen de la legalidad” por parte de Iridoy, que consideraban “una acusación muy grave que no puede hacerse de forma gratuita”.
Esas explicaciones o pruebas no terminan de llegar y el asunto ha tomado una deriva poco habitual, en una doble vertiente, judicial y política. Ambas empezarán a desarrollarse en los próximos días.
primero, el juzgado Por un lado, el PNV de Irun presentó el 9 de febrero una demanda de acto de conciliación para que José Antonio Santano se retracte o presente en sede judicial las pruebas de las acusaciones vertidas hacia Xabier Iridoy.
Esa comparecencia ya tiene fecha. Será este próximo jueves, día 12, a las 10.00 horas en los juzgados de Irun. El mismo Santano explicó este viernes que está “tranquilo” de cara a esta cita y señaló que para él, el jueves será “un día más”.
Por parte del PNV de Irun, señalan que no saben “lo que hará Santano”, pero no dudan de la actuación de Xabier Iridoy, que ha sido siempre “en favor de los intereses de Irun y siempre en el marco de la legalidad”.
¿Y qué harán si Santano no se retracta de lo dicho? Los jeltzales se reservan el próximo paso en su estrategia y se limitan a señalar que esperarán a después del jueves “para tomar decisiones, sin descartar ninguna a día de hoy”.
En la otra vertiente de esta polémica, la política, el Pleno de Irun aprobó el 28 de febrero una moción de EH Bildu y Sí Se Puede Irun, a la que se sumó el PNV, para crear una comisión de investigación que analice la actuación de Iridoy y la veracidad de las afirmaciones de Santano.
Las dos formaciones de izquierdas presentaron una propuesta de reglamento para este órgano de investigación, que tras ser validado por los servicios jurídicos municipales, está en fase de recepción de enmiendas hasta este próximo miércoles, día 11.
A partir de ahí, la propuesta deberá ir a Pleno. Si lo hace para la sesión del día 25 de este mes, en quince días, para mediados de mayo, la comisión de investigación debería estar en marcha.
