Exigen derogar el decreto de víctimas de abusos policiales

Donostia - La Asociación Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado Víctimas del Terrorismo (Acfsevt) reclamó ayer al Gobierno Vasco que derogue el decreto de víctimas de abusos policiales para poder plantearse retomar relaciones con el gabinete de Iñigo Urkullu. Este colectivo, el segundo con mayor número de víctimas del terrorismo después de la AVT, abandonó ayer el Consejo Vasco de Participación de Víctimas que promueve el Ejecutivo de Gasteiz al considerar que en este órgano se falsea la realidad de la historia y manipula a las víctimas.

El presidente de esta asociación, Francisco Zaragoza, explicó que solo se replantearían la decisión “irrevocable” de abandonar si Lakua deja sin efecto ese decreto, aprobado en junio de 2012 por el anterior gabinete del PSE. Dicho decreto hace referencia a las víctimas de actuaciones policiales entre 1960 y 1978, y contabilizó en un principio a unas sesenta personas fallecidas.

Zaragoza insistió en que Lakua tiene que “eliminarlo de raíz” porque, a su juicio, “carga” contra los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y da la imagen de que todos sus miembros son unos “asesinos”. “Si algún policía o guardia civil se extralimitó fue expulsado del cuerpo y pagó ante la justicia”, aseveró, por lo que no se debe generalizar, al igual que no se puede decir que “todos los vascos son unos asesinos porque exista ETA”.

Señaló que la dirección de Acfsevt decidirá próximamente si acude o no a la recepción que ofrecerá el lehendakari a todas las asociaciones de víctimas, aunque por ahora no ve a sus miembros “muy favorables” a participar. A su juicio, este acto es, “como ha hecho siempre el Gobierno Vasco con las víctimas, para hacerse la foto en beneficio propio”. Por último, dijo que es “totalmente falso” que no hayan asistido a las últimas cinco reuniones del Consejo, como ayer explicaron fuentes del Gobierno Vasco, ya que el representante de esta asociación, según aclaró, solo ha faltado por razones personales a las reuniones de abril y septiembre de 2014. - Efe