Kepa Pikabea se reúne en prisión con un exagente de Policía víctima de ETA

donostia - El preso disidente de ETA Kepa Pikabea mantuvo ayer un encuentro en la cárcel de Zaballa (Araba) con Miguel Ángel Rodríguez, exagente de las fuerzas de seguridad del Estado que resultó herido en un atentado cometido por la organización armada en la década de los 80. La reunión fue a petición del funcionario policial y a su celebración accedió el recluso guipuzcoano con la condición de que fuera privada y confidencial. Rodríguez fue acompañado hasta la prisión alavesa por la presidenta de Covite, Consuelo Ordóñez.

El encuentro no se enmarca en los talleres restaurativos entre presos disidentes de ETA y sus víctimas que tuvieron lugar en la legislatura del presidente Zapatero en la ya desaparecida prisión de Nanclares, también en Araba.

Desde esta asociación de víctimas del terrorismo señalaron a este diario que Rodríguez se presentó ante el preso con documentación relativa al atentado que sufrió hace más de dos décadas al objeto de intentar aclarar la identidad de sus autores. Según este relato, el expolicía endosa una parte de responsabilidad a Pikabea, entre otros, razón por la que solicitó mantener el encuentro, a lo que el recluso accedió.

La conversación debía mantenerse en privado y en confidencialidad absoluta, según relataron a este diario desde la familia del preso, aunque el entorno de Rodríguez dio cierta publicidad al encuentro y al contenido de la entrevista, así como los supuestas confesiones del recluso, que, obviamente, no han podido ser contrastadas.

Pikabea es desde hace años uno de los principales representantes del sector disidente de ETA acogido a la denominada vía Nanclares, grupo en el que también están encuadrados Carmen Gisasola, Rafael Caride Simón o Joseba Urrosolo Sistiaga, entre otros. Su desvinculación de la banda armada y la petición de perdón a las víctimas le ha permitido disfrutar en el pasado de varios permisos de salida de prisión que ha cumplido sin incidencias.

Varias asociaciones de víctimas han iniciado una campaña para esclarecer los más de 300 asesinatos de ETA sin sentencia judicial, de los que 134 habían prescrito ya a finales de 2011, quedando extinguida la responsabilidad penal de los autores.