Los contratos a Muela, también a dedo

Bilbao. La actual directora de Turismo del Gobierno Vasco, Isabel Muela, vuelve a salir a la palestra por su relación con Tontxu Rodríguez, alcalde de Barakaldo, miembro de la Ejecutiva del PSE-EE y vicepresidente primero de Eudel. El político socialista contrató decenas de veces los servicios de la que fue empresa de Muela de manera verbal, procedimiento prohibido por la legislación salvo en caso de acontecimiento catastrófico o de grave peligro. Por ese motivo, el interventor municipal emitió sendos informes contrarios a abonar las facturas, que llegaron a sumar en solo cuatro años 625.028 euros, el equivalente a 104 millones de las antiguas pesetas.

Pese a los avisos, el primer edil ignoró los informes negativos de su interventor y promulgó un total de treinta decretos de Alcaldía con los que ordenaba abonar las facturas, según los documentos municipales a los que ha tenido acceso este diario. Los dos últimos alcaldes socialistas de Barakaldo, Carlos Pera y Tontxu Rodríguez, han mantenido una estrecha relación con Producciones Embi, la empresa de Isabel Muela, que entre 2002 y 2008 facturó al Ayuntamiento baracaldés 2,6 millones de euros. La mayor parte de este montante, casi 1,7 millones, correspondían a adjudicaciones en las que el interventor municipal halló deficiencias.

Tal y como ha informado este diario en los últimos días, Tontxu Rodríguez ha abonado en los últimos seis años 20,8 millones de euros en facturas correspondientes a varios cientos de contratos verbales que han jalonado sus dos legislatura al frente del Consistorio baracaldés. Todos estos contratos, acordados sin papeleo de por medio, contaron con el reparo suspensivo del funcionario encargado de fiscalizar la gestión económica del Ayuntamiento, pues consideró que eran "nulos de pleno derecho" por no ajustarse a procedimiento. Resalta por su magnitud el montante abonado a un grupo de empresas que durante la última década han gestionado los dos servicios asistenciales más importantes de Barakaldo, como son el Servicio de Ayuda a Domicilio y el Centro de Integración Sociocultural. Las empresas Syasdo, Syasbro y la UTE Futuro para Barakaldo, integrada por las dos primeras, se han embolsado por este concepto 9,6 millones de euros.

directamente el alcalde Pero las cifras abultadas no se limitan a esos polémicos contratos. Siendo una práctica empleada en todas las áreas del equipo de gobierno socialista, esta manera de formalizar los contratos, a dedo y sin soporte jurídico y económico de ningún tipo, tiene a su máximo exponente en el alcalde, quien compatibiliza este cargo con la secretaría de Infraestructuras y Transportes del PSE-EE, la vicepresidencia primera de la Asociación de Municipios Vascos-Eudel y la presidencia del Consorcio de Transportes de Bizkaia (CTB).

Uno de cada cuatro contratos verbales son decididos directamente en la Alcaldía y, de ellos, la mayor parte están relacionados con adjudicaciones de publicidad y actividades protocolarias. Según los informes a los que ha tenido acceso este diario, el alcalde socialista autorizó el abono de cuatro millones de euros -que equivalen a 670 millones de las antiguas pesetas- para pagar los contratos verbales que pactó entre enero de 2004 y marzo de 2010. Todos ellos, por cierto, contaron con el informe contrario del interventor municipal.

Estos gastos están destinados a organizar diferentes eventos y cuestiones de naturaleza protocolaria. El primer edil baracaldés decidió recurrir a un tipo de contratación que, en teoría, debería emplearse en situaciones de catástrofe o de grave peligro, para acordar, paradójicamente, las chocolatadas de los bailables de Lutxana, actualizar la web de Turismo, suministrar la prensa a la Policía local o patrocinar el certamen Creamoda. También empleó estas adjudicaciones de "emergencia" para ordenar la pegada de bandos municipales, montar un stand en Fitur, contratar la restauración para la fiesta de los centros regionales o encargar paraguas serigrafiados y figuritas en conmemoración del aniversario del Estatuto.

Medios de comunicación Destacan también las numerosas inserciones publicitarias en medios de comunicación. Para este último concepto, el político socialista destinó 910.922 euros, siempre en adjudicaciones verbales y en contra del criterio de sus técnicos. Las mayores partidas se las llevaron los medios del grupo Vocento (233.952 euros), seguidos por Radio Popular y una productora que trabaja para esta empresa (175.584) y la Cadena Ser (77.662 euros).

El otro gran montante de este capítulo protocolario es el que engloba los contratos verbales acordados con Producciones Embi, la empresa de Isabel Muela, que también ha facturado con su propio nombre al Ayuntamiento baracaldés. Han sido 625.000 euros sobre los que el interventor se ha negado a dar su visto bueno, ya que a su juicio son facturas que no se ajustan a procedimiento.

Se da la circunstancia de que Muela abandonó la empresa a principios del año 2009, poco antes de incorporarse del Gobierno de Patxi López como directora de Turismo del Gobierno Vasco. Y es desde esta fecha que Embi no aparece en los listados de empresas contratadas por el Ayuntamiento de Barakaldo mediante adjudicación verbal.

'merchandising' La naturaleza de los contratos con Embi es variada, ya que su actividad no se limita a eventos o actos protocolarios. Es frecuente que el Consistorio le encargue la adquisición de productos de merchandising, así como las equipaciones deportivas, por ejemplo, para fútbol 7, o incluso la compra de "mil unidades de bolsas de plástico biodegradable".

El recurso sistemático al contrato verbal suele ser justificado por la premura de los plazos. Un decreto de Alcaldía explica un contrato por 20.000 euros apalabrado con Isabel Muela para prestar un servicio de "promoción del municipio de Barakaldo" durante la gala de Miss y Míster Bizkaia 2005 de la siguiente manera: "Por motivo de premura de plazos y de gestión diaria del Área no fue preciso llegar a materializar la correspondiente contratación con la consiguiente autorización de gasto".

Haber sido contratada a dedo no es la única práctica irregular que ha rodeado a la empresa de la actual directora de Turismo del Gobierno Vasco. Anteriormente se abonaron facturas a Enbi por valor de casi 1,7 millones de euros, todas ellas en contra del criterio del interventor. El funcionario municipal refirió diferentes motivos para denegar la realización del pago, aunque la causa que más se repetía era el fraccionamiento del objeto del contrato. Es decir, que se habría fraccionado ese objeto -por ejemplo la organización de un evento concreto- en diferentes partes a contratar por separado, de manera que ninguna de ellas superara el importe máximo contemplado en los contratos menores.