El "caso Linaza" en el recuerdo

Donostia. No es el único proceso judicial en el que la Guardia Civil se sometió al veredicto de los jueces por la comisión de un delito de torturas, pero sí uno de los que más repercusión mediática y social tuvo. La posibilidad de que el "caso Portu" siga adelante nos retrotrae al "caso Linaza", cuyo juicio se desarrolló hace casi dos décadas en la Audiencia de Bizkaia. Este complejo proceso judicial fue iniciado por la firme determinación de la juez Elizabeth Huerta para identificar a los agentes que torturaron en mayo de 1981 a Tomás Linaza Euba, padre de un presunto miembro de ETA.

El proceso fue largo. Hubo comparecencias masivas de guardias civiles en el juzgado de la magistrada encargada del caso. Hecho que dio lugar en 1986 al primer enfrentamiento entre el poder ejecutivo y el poder judicial, al ordenar el Gobierno español que 90 guardias civiles no acudieran a una rueda de reconocimiento. Se llegó hasta el fondo de la investigación, hubo juicio, que arrancó en 1990, condenas y también indultos. En el banquillo de los acusados se sentaron 12 guardias civiles, entre ellos, el entonces teniente coronel del cuerpo verde Rafael Masa González, también implicado por varios testigos en las actividades de los GAL. Éste último y los otros seis guardias del cuartel de La Salve, en Bilbao, fueron condenados por un delito de prevaricación, al haber tenido conocimiento de que dos agentes habían torturado a Linaza, detenido el 14 de mayo de 1981, y no haber hecho nada para evitar que siguieran haciéndolo, ni para que los hechos fueran conocidos por sus superiores del cuartel.

Además del teniente coronel Masa, fue condenado el teniente coronel José Martín Llevot, a seis años de cárcel por las torturas que sufrió Linaza. Éste sólo permaneció en prisión ocho días, ya que le concedieron el tercer grado. Fue el único que ingresó en prisión. Asimismo, condenaron a inhabilitación a otros tres guardias, lo que suman en total 12 condenados. La sentencia fue confirmada por el Tribunal Supremo en diciembre de 1993.

revisión de sentencia A la entrada en vigor del Código Penal de 1995, la Audiencia de Bizkaia tuvo que revisar su propia sentencia a fin de adecuar las condenas al nuevo código. Así, el 28 de julio de 1997 dictó un auto mediante el que redujo las penas de seis años de inhabilitación, a seis meses. Y el asunto no acabó ahí, la mayoría de los condenados fueron indultados.