madrid. La juez Carmen Valcarce acordó el sobreseimiento provisional y archivo del caso del espionaje al no acreditarse que ninguno de los imputados destinaron los bienes de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior "de forma principal a actividades ajenas a la función pública", así como que no concurren "indicios de la presencia de ánimo de lucro, imprescindible en los tipos penales de malversación de fondos públicos".
En el auto, la magistrada decreta el sobreseimiento provisional y archivo de las presentes diligencias abiertas para investigar los supuestos seguimientos realizados al vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, y al ex consejero de Justicia Alfredo Prada en 2008. Contra esta resolución cabe recurso de reforma y, subsidiariamente, recurso de apelación.
En la causa estaban imputados tres ex guardias civiles asesores de la Consejería de Justicia, el ex director de Seguridad de la Comunidad de Madrid Sergio Gamón y el empleado público Manuel Pinto.
En el auto, la magistrada explica que en los posicionamientos de los teléfonos de los asesores de la Consejería "se produjeron coincidencias de lugar de determinados teléfonos", en alusión a los de los ex guardias civiles.
Sin embargo, añade, "la generalidad de los contenidos de éstos, unido a la no fiabilidad absoluta de los posicionamientos, sobre todo aquellos que se producen en el centro de la ciudad, hace difícil determinar con claridad suficiente la realidad de estos seguimientos". La "mano derecha" de Gallardón denunció haber sido víctima de vigilancias entre abril y mayo de 2008.
