oy se cumple el décimo aniversario de la Conferencia Internacional de Donostia-San Sebastián, también conocida como Conferencia de Aiete, que impulsó el proceso de paz en nuestro país. El evento reunió a representantes de partidos políticos, tanto de la Comunidad Autónoma Vasca, como de Navarra y de la Mancomunidad de Iparralde. Todos los partidos, con la excepción del PP, UPN y FN, estuvieron presentes, ofreciendo una imagen de pluralidad que cuenta con muy pocas referencias semejantes en nuestra historia reciente. Nunca hasta entonces representantes de las tres entidades territoriales se habían reunido en una misma mesa para contribuir a la paz y a la normalización de la convivencia.

Además de partidos políticos, también participaron representantes de los principales sindicatos, así como responsables tanto de Confebask como de la Iglesia católica. Y todo ello con la presencia de seis respetados líderes internacionales (Kofi Annan, Bertie Ahern, Gro Harlem Brundtland, Pierre Joxe, Gerry Adams y Jonathan Powell).

Esta importante y plural presencia de partidos, organizaciones sociales y representantes internacionales auguraba la celebración de un encuentro que tendría una gran transcendencia en los esfuerzos de nuestra sociedad por conseguir el final de la violencia, impulsar el respeto a todos los derechos humanos, promover el diálogo y alentar la reconstrucción de la convivencia. Estábamos a las puertas de una nueva etapa. El ambiente de las semanas anteriores a la Conferencia estuvo marcado por un intenso deseo de colaboración, de generosidad para hacer posible, tanto la propia conferencia, como una nueva etapa que dejara atrás la violencia, las vulneraciones de derechos humanos y la ausencia de diálogo.

Lokarri, organización a la que pertenecíamos los y las firmantes de este artículo, tuvo el inmenso honor de participar activamente en la convocatoria y organización de la Conferencia de Aiete, junto a importantes organizaciones internacionales. Asumimos esta responsabilidad, conscientes de que el protagonismo correspondía al conjunto de la sociedad y de que los logros que se pudieran alcanzar no eran sino el fruto de muchos años de trabajo e implicación de miles de ciudadanos y ciudadanas que habían mantenido la esperanza y el trabajo por la paz, el pluralismo y el entendimiento durante los peores años de violencia y enfrentamiento.

Los avances desde entonces han sido notables. ETA abandonó la violencia, se desarmó y se disolvió. Los parlamentos de Euskadi y Navarra han aprobado leyes que ofrecen un sistema de protección a las víctimas del terrorismo y de vulneraciones de derechos humanos cometidas por funcionarios públicos. Se han creado organismos para la promoción de la memoria. Ha habido cambios significativos en la política penitenciaria, destacando el final del alejamiento. Víctimas diversas han promovido espacios de encuentro. La izquierda abertzale volvió a la legalidad. Los partidos políticos de Iparralde llegaron a acuerdos sobre la paz y la convivencia. Diversas localidades han impulsado procesos de reconstrucción de la convivencia. Los políticos amenazados por fin pudieron vivir sin la protección de escoltas. Empresarios y profesionales dejaron de recibir cartas de extorsión. Son solo algunos ejemplos, no una relación exhaustiva, dado que han sido más los avances, incluso en ocasiones difíciles de percibir.

Todos estos logros han sido fruto de un proceso de construcción de paz, que no guarda similitudes con otras situaciones vividas en el ámbito internacional. La solución más habitual ha sido recurrir a una mesa de negociación, donde generalmente se sientan los actores armados y/o, en un número menor de procesos, representantes políticos y gubernamentales. Los estudios indican que el 65% de los procesos de paz fracasan cinco años después de haberse firmado un acuerdo. Y, en cambio, la cifra de éxito aumenta cuando hay una intensa participación ciudadana.

Nuestro proceso de construcción de paz ha sido el resultado de la aportación de muy variados actores: Gobierno Vasco y de Navarra, ayuntamientos, partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil, etc. El diálogo para ir construyendo un armazón de convivencia ha sido desordenado, ha tenido lugar en diversos espacios, tanto institucionales -gobiernos o parlamentos-, como informales -en muchos casos facilitados por entidades y mediadores-, donde se han ido construyendo consensos y generando las condiciones que han permitido nuevos hitos para reconstruir la convivencia. Esta pluralidad participativa, además de otros factores, ha facilitado la inclusión y la diversidad y, como consecuencia, permite afirmar que nuestra situación es sostenible y que no tiene vuelta atrás. Contribuye a ello, sin ningún género de duda, el convencimiento casi unánime en la sociedad de que regresar a un pasado de violencia y vulneraciones de derechos humanos es un escenario inasumible.

La Conferencia de Aiete, y todos los logros posteriores, ha sido, por tanto, el resultado de la colaboración, la generosidad, la altura de miras y la esperanza por convivir desde el respeto al diferente. Esta voluntad compartida ha sido un impulso decisivo para que nuestra sociedad cuente hoy con las mejores condiciones en su historia reciente para construir un futuro sin los sufrimientos del pasado.

Pese a ello, comprobamos con preocupación que en los últimos meses se han reproducido debates cargados de reproches enmarcados en lo que, en una desafortunada expresión, se viene denominando como "la batalla del relato". La memoria aparece entonces como una herramienta de la pugna política. Y no nos cabe duda de que los acontecimientos de octubre de 2011, tanto la Conferencia de Aiete como el final de la violencia de ETA, serán un elemento más de pugna.

Cada cual es muy libre de valorar lo sucedido como considere conveniente. Posiblemente, el final de la violencia de ETA podría haberse producido sin la celebración de la Conferencia. Es igualmente cierto que la Conferencia fue la culminación de muchos meses de intenso trabajo por generar las condiciones que hicieran posible una nueva etapa donde el sufrimiento y la amenaza quedaran atrás, donde se respetara y encauzara la diversidad política. Fue una herramienta impulsada por muy diversos actores gubernamentales, locales e internacionales para culminar el tránsito hacia una nueva situación. Ni fue la varita mágica, ni fue una mera escenificación. Se trató de un espacio generado para transmitir una imagen de diálogo, colaboración y compromiso compartido que no fuera capitalizado ni patrimonializado por nadie.

En cualquier caso, la Conferencia de Aiete es ya parte de nuestra historia y de nuestra memoria. Más allá de las valoraciones que cada sector y sensibilidad sociopolítica hagan, queremos volver a subrayar que fue un momento construido sobre la generosidad y la voluntad de cooperar. Y queremos reivindicar estos valores y actitudes para afrontar los retos que tiene por delante nuestra sociedad. Necesitamos un mínimo común denominador. El compromiso por hacer todo lo necesario para que no vuelva a repetirse, la obligación de no glorificar la violencia y el acuerdo por reconocer, amparar y recordar a las víctimas de la violencia y de las vulneraciones de derechos humanos pueden ser elementos de mínimos, principios insoslayables.

A estos principios mínimos debería sumarse la voluntad de recuperar las actitudes que hicieron posible los avances de 2011: altura de miras y colaboración. Es nuestra responsabilidad como sociedad abordar las cuestiones relacionadas con la memoria y con las víctimas, con la convivencia, con la difusión de una cultura de paz y de respeto a los derechos humanos como absoluto ético. No sería responsable embarcarnos en un debate infinito y destructivo sobre el pasado. Las futuras generaciones no se merecen un legado semejante. Por esta razón, diez años después, queremos hacer un llamamiento para preservar una memoria crítica e inclusiva profundamente enraizada en los valores de la paz, los derechos humanos, la diversidad y el diálogo sincero y profundo que nos permita escuchar, reconocer y acordar.

Excoordinador de Lokarri. Juanto a él firman Jose Mari Agirre, Teresa Fagoaga, Juanjo Espina, Iñaki Arzak, Joxe Begiristain y Aitor Etxebarria, antiguos miembros de la plataforma por la paz y el diálogo.