n estos tiempos en los que aún estamos lejos de la normalidad, la actualidad sigue bombardeándonos implacablemente con noticias que se solapan y que nos hacen olvidar las que parecieron importantes el día anterior. Aunque también es cierto que hay titulares y mensajes que impactan, por ejemplo, las palabras del secretario general de la OCDE: “Estamos ante la crisis más grave que ninguno de nosotros haya vivido jamás”. Por cierto, Idoia Mendia, en un acto electoral socialista, nos ha apercibido de que debemos ser “leales” con Moncloa porque, según ella, “de esta crisis no se puede salir solo”. Pero no parece que sea España, precisamente, la mejor de las compañías para remontar la crisis: según la OCDE, el Estado puede sufrir el mayor desplome de entre todas las economías desarrolladas del mundo. Una afirmación casi apocalíptica y, sin embargo, las previsiones del Banco de España son aún peores. Ser abertzale y defender la soberanía del Pueblo Vasco no es una cuestión económica, sino una reafirmación del derecho y de la capacidad de los vascos para gobernarnos por nosotros mismos al mismo nivel -no más, ni tampoco menos- que el resto de los pueblos y naciones. Pero hay que reconocer que, además, puestos a no disponer de nuestra propia estructura de Estado, ya es un hándicap el que nos haya tocado estar supeditados al Estado con más paro de Europa salvo Grecia, según el Eurostat, al ser la española una economía con graves desequilibrios, donde no abundan ni los peces ni las cañas, por las inveteradas políticas de izquierda y derecha, por aquello de “la mejor política industrial es la que no existe” y la alternativa del “sol y ladrillo”.

También merece atención esta declaración de Pablo Iglesias sobre la RGI vasca: “Hay algunos insensatos que dicen es que esto del Ingreso Mínimo Vital va a generar mucho paro. Mire usted, en el lugar donde había una renta de inclusión mejor hecha, como era el caso del País Vasco, es donde menos paro había en España”. No es que necesitemos que Pablo Iglesias reconozca nuestro sistema de protección social. En absoluto. Más bien, lo que ocurre es que estamos tan acostumbrados a soportar críticas contra nuestra RGI por parte de parlamentarios y junteros de Podemos, que resulta ciertamente enternecedor el reconocimiento expreso de su líder. El IMV es, sin duda, un paso importante en la política de protección social en el Estado. Una medida necesaria para atajar la pobreza. Pero no está de más recordar que el Ingreso Mínimo Familiar se activó en la CA de Euskadi el 7 de marzo de 1989. Aquel día, el sailburu de Trabajo y Seguridad Social, José Ignacio Arrieta, publicó una carta en El País en la que afirmaba que “destinar parte de nuestros recursos propios a paliar las situaciones más duras de marginalidad ha sido una opción política clara” y añadía: “En Euskadi hemos asumido la marginación no como un problema del que la padece, sino de la sociedad”.

Desde entonces ha llovido y la RGI se ha consolidado, junto con la Renta Garantizada navarra, como los únicos sistemas homologables en cuantía y cobertura, con rentas similares en Europa. Ahora, una vez aprobado el decreto español de IMV, la RGI vasca sigue siendo comparativamente más alta y responde a necesidades que el IMV deja al margen, como el complemento a las pensiones más bajas y la atención a las personas migrantes no regularizadas, por lo que en Euskadi la ayuda aprobada en Madrid no va a tener mucha virtualidad, aunque es ciertamente positivo que el PNV haya logrado la gestión directa de la nueva prestación tanto para la Comunidad Autónoma como para la Foral. La CA de Euskadi, con el 5% de la población, ha venido asumiendo el 40% de la cuantía total de las prestaciones sociales de todo el Estado, que se dice fácil. No cabe duda de que 31 años dan para que muchas cosas cambien. Pero hay otras que, si se miran bien, no cambian tanto. El gobierno PSOE-Podemos ha aprobado, ¡en 2020!, un ingreso mínimo similar a aquel que la ministra de Asuntos Sociales del PSOE, Matilde Fernández, descalificó en 1989 porque, según afirmó, “consolidaba la marginación”, “hay que dar la caña y no el pez, lo que hace el Gobierno Vasco es dar el pez”, añadió. Este jueves pasado, una diputada de Vox ha dicho que “lo que quiere Sánchez” es “tener a los españoles subvencionados bajo su yugo”. Tener a los perceptores “subvencionados” y “bajo el yugo” es la versión facha de aquel “consolidar la marginación” de hace 31 años de la ministra Fernández.

De las cosas que hemos conocido estos días, hay una que merece especial atención porque de alguna manera deja al descubierto la naturaleza de la izquierda abertzale, de su partido referencial, Sortu y, por extensión, de EH Bildu. Casualmente, el mismo día, fueron denunciados públicamente en Zarautz y Hernani episodios de acoso sexual o violencia machista en el entorno de la izquierda abertzale. En el caso de Zarautz, una trabajadora del Arrano señalaba directamente a la organización política a la que pertenecen la agredida y el supuesto agresor -un “militante referencial”, según repiten- por no haber tomado en cuenta a la agredida y, en última instancia, por haber actuado -así lo dicen- “a favor” del presunto culpable.

Preguntado por las acusaciones de la víctima de Zarautz, Arkaitz Rodriguez, secretario general de Sortu, se explayó en una respuesta sorprendente: vino a decir que la IA tiene un protocolo feminista de actuación en el caso de violencia machista ejercida dentro de la organización, y que ese protocolo “no prioriza la denuncia” de lo ocurrido, sino que “apuesta por la reparación de la persona que ha sufrido la agresión, y por la deconstrucción de la actitud machista y la recuperación de la persona que ha cometido la agresión”.

Dejando a un lado el hecho de que a la trabajadora del Arrano de Zarautz, por lo que dice, no le ha convencido nada el famoso “protocolo” y que no parece que con ella se haya logrado el objetivo de la “reparación”, la pregunta que se hace mucha gente es: ¿no es inquietantemente similar la actuación de la Izquierda Abertzale -al margen de las leyes penales que castigan estos delitos- al tratamiento que han venido haciendo los sectores más conservadores de la Iglesia? O, dicho de otra forma, ¿qué ocurriría si, en lugar de que la víctima fuese trabajadora del Arrano y el agresor “una persona referencial” de Sortu, la víctima fuese operaria en una fábrica, el agresor un encargado y quien habló de “protocolos para la recuperación de la persona que ha cometido la agresión” fuera el empresario en lugar de ser secretario general de Sortu? Hay en la red un vídeo que se titula, muy elocuentemente, Trapu zikinak asanbladan garbitzen dira en el que feministas de la IA se lamentan de que también en su ámbito de militancia existe el “heteropatriarcado”: “no hay más que ver cómo se reparte el poder y quienes aparecen como referenciales” dicen, y añaden, “lo que ocurre, al final, es la jerarquización de luchas; por ejemplo, se dice: la situación de las mujeres será mejor cuando logremos una Euskadi comunista”.

Es evidente que el machismo está presente en todos los ámbitos de la vida, también de la política en cualquiera de sus siglas y que lo que llaman heteropatriarcado no es solo “capitalista” como parece por sus discursos políticos, sino que impregna también en la parte más “revolucionaria” de la izquierda. Bien, pero, entonces, ¿a qué viene tanta prepotencia? La Izquierda Abertzale sigue considerándose la vanguardia, como siempre. En su esquema, la vanguardia diseña qué y cómo, y el resto solo debe seguir sus pautas. Y desde que han “cambiado de zapatos” para hacer “el mismo camino de siempre”, un poco huérfanos en el plano simbólico, se han acogido a otras causas. Una de ellas el feminismo. Pero eso sí, el único feminismo que merece tal nombre es el suyo, ese que se gestiona “deconstruyendo actitudes machistas” discretamente cuando son “de casa”, mientras exige, más alto que nadie, y sin presunciones, la picota para los demás. El resto, o estamos alienadas al sistema de dominación capitalista o, simplemente, no pensamos. “La vanguardia”, una vez más, se equivoca.