En un territorio acostumbrado a la creación de plataformas ciudadanas contrarias a cualquier iniciativa pública o privada que vulnere o perturbe el status quo conocido y en un momento en que los operadores tecnológicos están siendo cuestionados por la falta de control de los algoritmos que manejan, sorprende la unanimidad favorable con la que los donostiarras han acogido la llegada de Uber a Donostia. Pocas cosas, salvo la Real Sociedad, han podido concitar mayor consenso y adhesión entre los ciudadanos que la existencia de una mayor competencia en un sector como el del taxi en Donostia que ha funcionado, hasta ahora, en régimen de casi monopolio y con un servicio manifiestamente más que mejorable.

Tanta unanimidad expresada, tanto de manera pública, a través de los medios de comunicación, como privada, viene a corroborar que la prestación de un servicio público, –y hay que enfatizar en este adjetivo–, como es el del taxi no respondía de manera eficiente a las necesidades de los ciudadanos.

La lectura de este suspenso general que han dado los ciudadanos al servicio del taxi en Donostia no solo tiene como destinatarios al colectivo de taxistas, –que han hecho durante estos años de lobby ante las instituciones defendiendo sus intereses corporativos–, sino también es una apelación a la inoperancia e inacción de las instituciones concernidas en este asunto, como son la Diputación Foral de Gipuzkoa y el Ayuntamiento de Donostia, a la hora de gestionar mejor un servicio público de la que son competentes e incentivar y promover la innovación en un sector que se ha quedado obsoleto y sin respuesta en el actual marco digital.

Hace año y medio, en octubre de 2004, distintas asociaciones sectoriales de hoteles, pisos turísticos, hostelería y comercio de Gipuzkoa, a raíz de la mala experiencia vivida en el verano de ese año, hicieron público un comunicado en el que de manera urgente solicitaban a las instituciones “la inmediata adopción de medidas a resolver el creciente problema” del taxi en Gipuzkoa y, particularmente, en Donostia, llegando a la conclusión de que el territorio “no dispone de un servicio público de taxi que ofrezca garantías a los usuarios en su prestación”.

Esta contundente llamada de atención pública, soliviantó, como no podía ser de otra manera, a los 700 taxistas guipuzcoanos de los que 308 tienen licencia para operar en Donostia, que minusvaloraron la denuncia diciendo que obedecía a intereses creados con las plataformas de vehículos de transporte de pasajeros con conductor (VTC) y aunque reconocieron la carencia del servicio del taxi, matizaron que solo era en aquellas horas nocturnas de los fines de semana en las que no hay transporte público.

En este casi año y medio, no han aumentado el número de licencias de taxis en Donostia, que siguen siendo las mismas que hace 30 años, a pesar de que la población donostiarra en estos años ha crecido un 10% y el turismo se ha multiplicado por tres. De la misma forma, tampoco se ha puesto en marcha la medida de facilitar que un mismo taxi pueda ser operado por dos conductores con lo que el vehículo está operativo una gran parte del día, con lo que se ofrece y se garantiza un mejor servicio.

Asimismo, la existencia de una zona común en la que los taxis de las localidades próximas a Donostia puedan operar en la capital donostiarra en situaciones de alta demanda tampoco parece que está obteniendo los resultados apetecidos.

Y a esta demostración de ineficiencia de las instituciones hay que añadir que el sector del taxi donostiarra no se ha caracterizado, precisamente, por su espíritu innovador y sigue funcionando con la llamada a una central telefónica que cuando contesta, sobre todo en horas de alta demanda, puedes considerarte un gran afortunado, cuando existen dispositivos como las aplicaciones digitales que son mucho más rápidas y precisas. De la misma manera, parece una perpetuación costumbrista decimonónica que el cliente de un taxi tenga que ir a una parada, en el supuesto de que el sistema telefónico no dé los resultados apetecidos, para coger un taxi, ya que no se puede parar en la calle, a pesar de que circule con la luz verde de libre.

La deficiencia del servicio del taxi en Donostia es una constatación que ha trascendido allende nuestras fronteras. Urbantur, el monitor de competitividad turística de los destinos urbanos del Estado, que elabora Exceltur, –la asociación formada por las 30 empresas del sector y que mide la excelencia turística–, en su último informe del año 2022, situó el servicio del taxi en Donostia como el peor de las 22 ciudades analizadas, bajando un puesto, respecto al anterior informe de 2016. En paralelo, la valoración de Donostia como destino turístico se situó en el cuarto lugar, por detrás de Madrid, Barcelona y Valencia, con un índice de 107 puntos, lo que significó un crecimiento de dos puntos y medio más que los conseguidos en 2016.

Con esta realidad, lo normal era que, más pronto que tarde, una plataforma de VTC de las tres grandes que existen en el mercado, iba a llegar a Donostia, como lo ha hecho Uber. La plataforma de VTC ha irrumpido en Donostia de manera sorpresiva y unilateral, dejando sin capacidad de reacción a las instituciones que se han envuelto en la maraña legislativa para tratar de parar el golpe. Se ha constatado la imposibilidad de realizar ningún movimiento defensivo ante un marco jurídico claro, como es una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 2023, que elimina todas las trabas que las administraciones territoriales y locales habían establecido para frenar la llegada de estas operadoras. Previamente, Uber, ya había testado el mercado donostiarra con algunos sectores económicos guipuzcoanos y se había asegurado la protección del marco jurídico para poder operar. 

Y todo ello, con el paraguas de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que vela, precisamente, para que los mercados y las actividades económicas se desarrollen de manera transparente y competitiva en favor de los consumidores y de los usuarios. Y en el caso de los VTC de Uber, la existencia de una competencia con otras modalidades de transporte, como el taxi, va a suponer no solo la mejora el servicio, sino que redundará en beneficio de los ciudadanos que podrán disfrutar de más alternativas de movilidad con unos mejores precios, mayor calidad e innovación.

La advertencia es clara. No se pueden poner puertas al campo cuando los acontecimientos van más rápidos que la propia realidad, con lo que en un sector como el de la movilidad, la regulación debe partir del interés general, de manera proporcionada al objetivo que se persigue, y no ser discriminatoria para asegurar la igualdad de oportunidades.

Pero lo más curioso de la presencia de Uber en Donostia es que echa por la borda esa estrategia de preservar el arraigo de nuestras empresas o sectores que, en este momento, forma parte del frontispicio de la política del Gobierno Vasco, ya que supone la entrada por la vía de los hechos de un fuerte competidor en un mercado hasta ahora cautivo y en régimen de casi monopolio. Curiosamente, la actividad de los vehículos de Uber en Gipuzkoa tributará en Bizkaia, ya que las licencias con las que operan fueron concedidas por la diputación de ese territorio, mientras que los beneficios irán a engrosar las cuentas de esta multinacional, cuya sede está en la ciudad californiana de San Francisco, en Estados Unidos. Es decir, hacer un pan como unas tortas.