“Quien mucho abarca, poco aprieta”. Es lo que parece sucederle a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que con tanta actividad política y viajera que ejerce, desde estar con el Papa en Roma, trasladarse a un congreso en México y participar en la campaña electoral gallega, y tantos frentes que tiene abiertos con Pedro Sánchez dentro del Gobierno español y con sus antiguos camaradas de Podemos, se le olvida que tiene pendientes para resolver varios asuntos que interesan de manera especial en Euskadi.
Quizás por eso, la jacobina Yolanda Díaz no les está prestando mucha atención a unos asuntos que interesan, por un lado, a los trabajadores de este país, donde la participación en las empresas está muy arraigada, y, por el otro, a los cooperativistas de la EPSV Lagun Aro, atendiendo al concepto centralista del Estado que defiende la líder de Sumar. De momento, sus actuaciones no han mostrado mucha empatía con este país.
Desde hace un año, Yolanda Díaz tiene guardado en un cajón del ministerio de Trabajo y Economía Social –recalco de manera intencionada esta competencia de su departamento– un borrador que modifica y desarrolla la ley 44/2015 de Sociedades Laborales y Participadas y que ha sido elaborado por dos de las organizaciones que más entienden de esta cuestión en Euskadi, entre ellas, la Asociación de Amigos de Arizmendiarrieta (ALE).
Y en este asunto no puede decir que es competencia del Gobierno Vasco, como lo hizo esta semana en el Congreso de los Diputados para echar balones fuera en la resolución de un conflicto laboral de una empresa vizcaina propiedad de un fabricante de automóviles, que ha recibido 68 millones de euros de los fondos europeos administrados por el Gobierno español, a requerimiento de la diputada del PNV, Idoia Sagastizabal, porque, por desgracia, esta materia sigue sin ser transferida al Gobierno Vasco. Y así nos va.
A pesar de que a la ministra Díaz se le llena la boca, dentro de un buen número de iniciativas con las que nos sorprende cada día, al anunciar que su Gobierno va a promover la participación de los trabajadores en la gestión de las empresas mediante su presencia en los consejos de administración, al estilo de lo que ocurre en Alemania, lo cierto es que se le ha olvidado que existen otras fórmulas que van más allá, como es la entrada de los empleados en el capital de sus compañías. Lo que se traduce no solo en una garantía en el arraigo de nuestras empresas, con lo que se evita las deslocalizaciones y el traslado de los centros de decisión, sino también en el impulso de nuevas actividades que afiancen el desarrollo económico de los territorios.
El artículo 129/2 de la Constitución española, que ha sido utilizado como argumento por Yolanda Díaz, para refutar la propuesta de participación que plantea, es bien claro al respecto: “Los poderes públicos promoverán eficazmente las diversas formas de participación en la empresa y fomentarán, mediante una legislación adecuada, las sociedades cooperativas. También establecerán los medios que faciliten el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción”.
Con su inoperancia, la ministra Díaz está dando cuerpo de naturaleza a un vacío legal que las empresas participadas están teniendo, frente a otros modelos de sociedades de economía social, con lo que se está impidiendo el desarrollo de una figura que, por ejemplo, en Gipuzkoa está muy extendida, hasta el punto de que la Hacienda foral tiene establecidos incentivos fiscales para favorecer la entrada de los empleados en el capital de sus compañías.
Quizás, la líder de Sumar no sepa que en los siete años que llevan implantados estos incentivos fiscales un total de 3.172 trabajadores han decidido participar en 548 empresas con un desembolso total de 39,1 millones de euros. El año 2022, el último ejercicio del que se dispone de datos, supuso todo un récord con un aumento de la participación del 34% respecto al año anterior. Un total de 822 trabajadores decidieron dar el paso de acceder a la propiedad de 116 empresas con una inversión de 6,3 millones de euros.
Y mientras esperamos a que la ministra Díaz saque del cajón el borrador donde se desarrolla el modelo inclusivo de participación de los trabajadores en las empresas, bueno será recordarle que, en el debe de su gestión –aunque en esta ocasión, la responsabilidad es compartida con el ministerio de Inclusión y Seguridad Social, cuya titular es la navarra Elma Saiz–, tiene pendiente por resolver desde el año pasado, la situación de los cooperativistas adscritos a la EPSV Lagun Aro.
En la pasada legislatura, por iniciativa del entonces ministro de Inclusión y Seguridad Social, el centralista José Luis Escrivá, se aprobó la reforma del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) por el que los trabajadores por cuenta propia deben cotizar a la Seguridad Social por sus ingresos reales obviando la figura de los socios cooperativistas.
El cambio significaba meter en el mismo saco de los autónomos a los cooperativistas que ni son trabajadores por cuenta propia, ni por cuenta ajena, al ser socios propietarios de las empresas de economía social donde trabajan. Se estima que en Euskadi el número de afectados puede alcanzar a las 135.000 personas.
Tratar de cotizar dentro del RETA por los rendimientos netos totales de los cooperativistas, es decir, los anticipos, que son los salarios en una empresa de capital, y los retornos, que son los dividendos en una compañía y que, generalmente, se destinan a reservas de las propias cooperativas, y hacer desaparecer 40% que cotizan a Lagun Aro, mientras que el otro 60% lo hacen a la Seguridad Social, pondría en cuestión el futuro de la EPSV.
Lagun Aro no solo gestiona las pensiones complementarias al sistema público de los socios cooperativistas, sino que también colabora con la Seguridad Social en la tramitación de las incapacidades temporales, tanto por contingencias comunes como profesionales, así como todo lo que se refiere al cese de actividad. Lagun Aro nació en 1959 porque la propia Seguridad Social no reconocía la figura de los cooperativistas con lo que tampoco les daba ninguna cobertura.
La equiparación de los cooperativistas con los autónomos a la hora de cotizar a la Seguridad Social por sus ingresos reales, sin atender a sus especificidades, ya que no se puede confundir rendimientos de trabajo con los de capital mobiliario, no solo supone un agravio, sino que puede afectar de manera importante a una estructura de previsión social complementaria.
El adelanto de las elecciones generales celebradas el pasado mes de julio, y el consiguiente cese de la actividad parlamentaria en el Congreso, supuso que las enmiendas que había presentado el PNV para la modificación del decreto-ley del RETA y eliminar el agravio comparativo con los cooperativistas decayesen, a pesar de haber sido aceptadas, con lo que desde entonces el asunto está encima de la mesa sin registrar el más mínimo avance.
Parece que la ministra de Inclusión y Seguridad Social, Elma Saiz, ha sido receptiva a la inquietud expresada por los propios cooperativistas para que no se materialice este desaguisado que no puede entenderse, sino es desde una intencionalidad política manifiestamente contraria por parte de sus promotores. La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, parece que tiene la misma actitud, aunque, de momento, no se ve una actitud decidida favorable a cambiar la actual situación y evitar, de esta manera, la incertidumbre que tienen los socios de Lagun Aro. El tiempo corre a la contra.
