l debate presupuestario en el Congreso, que hace tiempo que más que un debate presupuestario es otra cosa, ha dejado otra muesca para la sorpresa: el gran problema de España es que, pongamos, unos catalanes piden que un porcentaje más bien pequeño de la producción audiovisual esté en su idioma. Obviando que las propias plataformas terminan considerando rentable producir proyectos para estos públicos (Merlí: sapere aude y Movistar abrieron un camino), el Gobierno de Sánchez se jugó una enmienda a la totalidad no por la Mesa de Diálogo con la Generalitat, sino por Netflix. España sigue siendo ese país en el que el cumplimiento de las leyes y los derechos como los lingüísticos se someten a negociaciones coyunturales. Como unos presupuestos. Y más aún: la polémica ha dejado en evidencia a quienes consideran los días impares que una cosa tan seria como una negociación presupuestaria no podía depender de una nimiedad como un puñado de series en un idioma autonómico (sic). Los mismos que los días pares salen denunciando que Sánchez rompe España al aceptarlo y ceder ante un nuevo chantaje nacionalista (sic de nuevo). Y todo tomado tan en serio como si fuera obligatorio ver series.
