uando nadie pensaba que la fábrica que tanta riqueza generó en la comarca y en el territorio pudiera resucitar tras su traumático final, la actual propietaria de Corrugados ha presentado un proyecto de reapertura que choca con el planeamiento urbanístico vigente de Azpeitia. Eso es lo que esgrime el Ayuntamiento para frenar el desarrollo de un plan que prevé la inversión de 50 millones de euros y la creación de 140 empleos directos y otros 500 indirectos. Para el Gobierno Vasco y la Diputación las razones que defiende el Ayuntamiento son subsanables y al aferrarse a ellas muestra su falta de voluntad real para hacer posible el plan de la empresa. Según el Ayuntamiento, la reapertura solo es posible si el edificio de la acería se traslada a otro espacio, más alejado del casco urbano y para el que el plan general de Azpeitia asigna un fin residencial. Esta alternativa, sin embargo, tiene unos costes económicos inasumibles para la propiedad, que solo contempla la operación manteniendo los usos industriales actuales. El choque político-institucional está servido, entreverado de propuestas de consultas populares y, ayer mismo, de un emplazamiento a debatir en público. Pero más allá de consultas y debates, la llave la tiene el Ayuntamiento y solo el Ayuntamiento puede girarla para abrir la puerta a su materialización o no.
