Editorial

Hacer posible el fin del alejamiento

09.01.2022 | 00:40

En el último año, los acercamientos de presos de ETA y la asunción por Euskadi de la política penitenciaria han abierto un camino para el que los reclusos aún deben dar pasos

La exigencia de cambios en la política penitenciaria que de manera excepcional se ha venido aplicando a los presos y presas de ETA o condenados por kale borroka –y muy en especial el fin de la dispersión y el alejamiento– es una reivindicación histórica que cuenta con un importante consenso en la sociedad vasca. Partidos políticos, sindicatos, organizaciones civiles e incluso el Parlamento Vasco han demandado desde hace décadas una política más humana y respetuosa con los derechos de los reclusos. Las manifestaciones de ayer convocadas por Sare van en este sentido, pero no son la manera más eficaz de afrontar y solucionar el problema. En el último año –una década después del fin de ETA y constatada la consolidación de algunos pasos dados tanto por el EPPK como por la izquierda abertzale–, el Gobierno de Pedro Sánchez ha llevado a cabo un sustancial y paulatino proceso de acercamientos que ha dado un vuelco al mapa de la situación de la reclusión de los presos de la organización armada y, tímidamente, se han comenzado a conceder cambios de grado a un puñado de internos, de forma que en la actualidad casi la mitad de los presos de ETA están recluidos en cárceles vascas y la prisión más alejada de Euskadi en la que hay miembros de la organización está en Madrid. Asimismo, la asunción el pasado 1 de octubre por parte del Gobierno Vasco de la competencia de prisiones supone también un hito clave. No en vano, la Administración vasca mantiene una apuesta firme y decidida por políticas que fomenten la reinserción mediante sistemas de justicia restaurativa y progresiones de grado que, en función de la situación, conducta, evolución y proceso individual de cada preso en cumplimiento de los requisitos establecidos por la legalidad, pueden suponer beneficios penitenciarios para los internos. Es importante, tanto desde el punto de vista del respeto a los derechos humanos como para la consolidación de la convivencia, que este proceso hacia el final del alejamiento de presos y en favor de la reinserción no se detenga. Tanto el Gobierno como los miembros del EPPK y su mundo han dado pasos, pero han de darse más, por ambas partes. El reconocimiento por parte de los reclusos del daño injusto causado a las víctimas podría ser el movimiento definitivo que pondría fin a esta extemporánea excepcionalidad.

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