Editorial

Ayudas: concreción y cogestión

27.03.2021 | 23:36

El plan de ayudas directas a pymes y autónomos aprobado por el Gobierno Sánchez por un montante de 7.000 millones de euros está aún sin definir y debe bajar a la realidad de Euskadi

La delicada situación por la que están atravesando diversos sectores, empresas y autónomos desde hace un año a causa del impacto de la crisis que ha generado la pandemia del covid-19 amenaza la supervivencia de muchas actividades de todo tipo y, con ello, decenas de miles de empleos. Por ello, ha resultado y aún resulta vital la activación de ayudas de todo tipo para paliar los terribles efectos que está teniendo la crisis y que afectan al conjunto de la sociedad, condicionan la economía y amenazan el futuro de varias generaciones. De ahí la importancia de la articulación de medidas como los fondos europeos de recuperación Next Generation –ahora puestos en cuestión en Alemania, lo que incrementa aún más la incertidumbre sobre su materialización– o las ayudas directas a quienes más están sufriendo la crisis. Pero tan importante como aprobar partidas es concretarlas, vehiculizarlas, gestionarlas y controlarlas y, sobre todo, ejecutarlas en el menor tiempo posible para que cumplan su objetivo. En el caso de las ayudas directas que ya anunció a bombo y platillo a finales de febrero el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, el Consejo de Ministros del 12 de marzo aprobó un plan dotado de 7.000 millones de euros –en realidad, 5.000 millones, porque los otros 2.000 están destinados en exclusiva a Baleares y Canarias– con el objetivo de proteger el tejido productivo, mantener el empleo y evitar un impacto negativo en todo el sistema económico y financiero, según anunció la ministra Nadia Calviño. Transcurridas ya dos semanas desde su aprobación, sin embargo, es manifiesta la falta de información, de claridad y de concreción tanto sobre las propias líneas de ayudas, montantes, sectores y empresas a las que afectaría, así como sobre los criterios a aplicar y el papel que, en el caso de Euskadi, jugarán las instituciones vascas en el reparto, control y gestión de las mismas. Este tipo de ayudas directas solo pueden ser viables y cumplir su objetivo efectivo si se ajustan a la realidad del tejido vasco. Las apelaciones públicas –y a buen seguro privadas– realizadas en los últimos días al Gobierno Sánchez tanto por parte del Ejecutivo vasco como por el PNV han sido respondidas con vaguedades y no han aclarado el panorama. Urge, por tanto, más información, concreción y decisión acorde a criterios propios mediante un sistema de cogobernanza real en la gestión.