na polémica absurda y gratuita como la que han generado las afirmaciones extemporáneas de la ministra de Defensa sobre el vertedero de Zaldibar es el tipo de proceder que sitúa al Gobierno de Sánchez en permanente sospecha de improvisación y falta de seriedad. Margarita Robles se ha venido ganando el aplauso del ámbito militar español, de las empresas de Defensa y de los sectores de la derecha política y mediática española por su defensa pública del estamento militar, al que intenta mantener blindado de las consecuencias de sus propios errores. Robles se equivoca por inercia. En el aluvión de argumentos con el que pretende excusar su proceder tanto en las tareas asociadas a la protección civil como en las declaraciones antidemocráticas de sus miembros, se le cuela una reflexión oportunista en relación a la tragedia del vertedero de Zaldibar que deberá rectificar. No hacerlo solo servirá para poner aún más en evidencia su actuación errática. Si la ministra está nerviosa por el señalamiento que han recibido los mandos de las Fuerzas Armadas por su gestión inapropiada de la vacunación anti covid-19 o por la existencia de grupúsculos con sensibilidades antidemocráticas, no le hace ningún favor a la institución a base de palos de ciego. La Unidad Militar de Emergencias (UME), destinada a actuaciones de carácter civil -que, de hecho, quizá debería desempeñar un cuerpo civil-, no se justifica a sí misma ni al conjunto de las Fuerzas Armadas en función de su aportación como mano de obra no especializada. Sin la maquinaria, la formación ni el conocimiento adecuados, su presencia en Zaldibar no era de ninguna utilidad, como acreditó la propia ministra al admitir hace un año que carecían de esas virtudes imprescindibles ni de valor añadido alguno sobre el desempeño que ya se estaba realizando sobre el terreno con los medios aportados por el Gobierno Vasco. Robles haría un favor a la UME si, en lugar de exhibirla montando catres y tiendas sin garantías de seguridad suficientes para un auténtico hospital de campaña anti covid, o de desplegarla en las calles de Iruñea para pedir documentación a los viandantes -prácticas ambas rodeadas de polémica por su escasa utilidad-, dedicara mayor celo a asentar la imagen de una estructura capacitada, libre de tics antidemocráticos y eficiente más allá de una fotografía.