as declaraciones del teniente fiscal del Tribunal Supremo, Luis Navajas, con la denuncia de presiones por parte de otros fiscales -entre ellos, Consuelo Madrigal, la ex fiscal general del Estado con Mariano Rajoy- respecto a la admisión a trámite de la veintena de querellas contra el Gobierno Sánchez por su gestión de la pandemia de COVID-19 abundan en la mucho más que sospechada contaminación política de determinados procesos judiciales. Especialmente, aunque no sea este el caso, en aquellos sobre actitudes divergentes de una determinada idea de Estado, como se ha podido comprobar en Euskadi y Catalunya. Sin embargo, la admisión implícita en esas declaraciones de que la actuación de los fiscales, o al menos de determinados fiscales, se ve condicionada por su ideología; del mismo modo que denuncias previas constataban el cariz ideológico de determinadas investigaciones judiciales y sentencias; más que provocar escándalo parece ir asentando poco a poco como normal e inherente al equilibrio de poderes en el Estado lo que sin embargo no puede ser definido más que como una grave anomalía democrática que se evidencia tanto en el histórico tira y afloja político entre gobierno y oposición en el proceso de renovación de los órganos judiciales como en algunas de las actuaciones de quienes rigen estos. Todo ello lleva a cuestionar en no pocas ocasiones el respeto a "la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos" que enumera el art. 9.3 de la Constitución; la "tutela efectiva de los jueces" que estipula el art. 24; la vinculación al respeto al contenido esencial de los derechos y libertades por los poderes públicos que marca el art. 53 o el artículo 6 ("Jueces y Tribunales no aplicarán los reglamentos o cualquier otra disposición contrarios a la Constitución, a la ley o al principio de jerarquía normativa") de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Y la simple posibilidad de que se produzca dicho cuestionamiento y con él la deslegitimación de la justicia ante aquellos a quienes debe proteger, los ciudadanos, impele a una urgente y profunda reforma de las estructuras judiciales que mediante una severa descentralización permita un sistema mixto de designación de los miembros de sus órganos de gobierno que cuando menos limite la injerencia de sus convicciones políticas.
