Editorial

Un decreto inasumible

10.08.2020 | 00:12

La iniciativa del Gobierno español de hacerse con el superávit de los ayuntamientos es un atropello a los consistorios de régimen común y una nueva vulneración del Concierto y del régimen foral

El decreto del Gobierno de Pedro Sánchez mediante el que la Administración del Estado pretende embolsarse el superávit de los ayuntamientos bajo el argumento de que los municipios puedan invertir en la lucha contra los efectos de la pandemia sin incumplir la regla de gasto es un fiasco de principio a fin y debe obligar al Ejecutivo a una rectificación aunque resulta obvio que el Congreso de los Diputados acabará tumbándolo. De momento, la iniciativa ha tenido el insólito efecto de unir a municipios y partidos políticos de prácticamente todas las ideologías –a excepción del PSOE– en un frente común de rechazo y que anuncia una guerra abierta para evitar lo que consideran un atropello. Para empezar, el decreto es fruto de un inopinado acuerdo alcanzado entre el Gobierno y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), entidad en la que su presidente, el socialista Abel Caballero, tuvo que hacer uso del voto de calidad ya que la votación acabó en empate y, además, su plasmación en el BOE empeoró aún más los términos estipulados para la devolución del dinero a los consistorios y arrojó más incógnitas. Pero, además, desde la perspectiva de Euskadi, el decreto es aún más inasumible ya que supone una nueva vulneración del Concierto Económico y del régimen foral y su sistema de financiación de los ayuntamientos, que, tal y como han explicado tanto los tres diputados generales como el alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, no se nutren con los recursos del Estado sino que lo hacen con recursos propios y con fondos forales por lo que la tutela financiera corresponde únicamente a las diputaciones o al Gobierno foral en el caso de Nafarroa. Una vez más, el inexplicable y absoluto desconocimiento por parte del Gobierno español de nuestro sistema institucional –o, lo que es peor, su deliberado desprecio– y del Concierto y la bilateralidad a la que obliga ha originado un conflicto perfectamente evitable. La consecuencia de todo ello es que el Ejecutivo de Sánchez se ha metido en un atolladero –hay una gran mayoría que votará en contra en el Congreso– del que solo puede salir mediante una rectificación en toda regla y la apertura de un diálogo con los ayuntamientos de régimen común y con la reunión lo más urgente posible de la Comisión Mixta del Concierto en el caso de Euskadi, donde Sánchez sigue sin hacer los deberes.