Tengo la impresión de que cuando se trata de crónica o interpretación política, la derecha es mucho más expeditiva, faltona incluso, a la hora del desahogo de palabra o de obra. Va Aznar y dice: “El que pueda hacer, que haga”, pues al momento se abren las puertas del improperio y del insulto en Génova, se convoca a rebato en la Plaza Mayor y un par de jueces amigos sin escrúpulos devuelven favores desafían auto tras auto al enemigo, aunque sea el Gobierno y el Congreso. Esto es la guerra, y no se cortan en circunloquios contra los terroristas y criminales que quieren romper España. Las cosas claras. La derecha política, mediática y judicial va a por todas.

Hay que dejarse de eufemismos y hablar claro. El voto negativo de Junts a la Ley de Amnistía ha sido una cagada, una gran cagada que pone en evidencia a una formación política incapaz de entender que negociar no es salirse con la suya, con toda la suya, caiga quien caiga. Nada de una decisión táctica para ganar tiempo, sino una boñiga política que pone aún más en evidencia la fragilidad de un Gobierno que hace equilibrios en el alambre y regala a la derecha un chute de euforia para seguir encendiendo odios en la opinión pública.

Puestos a despejar eufemismos, ya es hora de reconocer que el pacto múltiple de la investidura no es exactamente el acuerdo para un Gobierno de progreso, sino por una parte la necesidad apremiante de Pedro Sánchez para liderar un Gobierno, por supuesto del PSOE y, por otra, la única forma de evitar que llegue al poder una derecha involucionista de la que se espera una peligrosa sed de venganza y una pérdida de los avances sociales y democráticos conseguidos gracias a esa mayoría tan heterogénea como frágil. De eso se trata, de cerrar el paso a la derecha montaraz que lideran Feijóo y Abascal.

Continuando con el rechazo a las paráfrasis, ya es hora de decir alto y claro que el verdadero argumento para defender esa amnistía que ha desatado todas las furias en políticos, periodistas, opinadores y magistrados tiene un único y justo fundamento: el Procès nunca debió haber sido judicializado. Fue consecuencia de un impulso político sustentado en una amplia base social, al que correspondía un tratamiento estrictamente político basado en el diálogo y el acuerdo. Fue una chapuza aquella Declaración Unilateral de Independencia, la fugaz proclamación de la República de Catalunya. Fue un descomunal error pretender impedirlo con los apaleamientos indiscriminados del ejército policial del Piolín. Fue un despropósito judicial encarcelar a lo bestia a los líderes políticos. Sin eufemismos, la amnistía pretendía borrar de la historia ese inmenso error. El Procès fue la puesta en escena bienintencionada y utópica de un proyecto político que no mereció la furibunda represión policial y judicial con la que se pretendió sofocar. Así que, corríjanse tales errores con la amnistía y aquí paz y después gloria.

Ya es hora de llamar a las cosas por su nombre y denominar resentidos ansiosos de poder a los que se dicen patriotas constitucionalistas. Hay que reconocer la sospecha de prevaricación en algunos magistrados de notoria ideología. Hay que reprochar a los aprendices de chantajistas que para acordar no puede exigirse todo y que están tirando de la cuerda con el alto riesgo de que se rompa. Hay que aceptar que a este punto hemos llegado porque la alternativa es tan indeseable que se pasa por alto el empeño de Pedro Sánchez, el resistente, por seguir liderando este patio de Monipodio.