Como es sabido, el CIS ha constatado que la amnistía ocupa el lugar 37º entre las preocupaciones de la ciudadanía de este país. Esto contrasta con que sea muy raro que la amnistía no figure todos los días en las portadas de los principales medios de comunicación, en el centro de todos los debates y en el discurso de los políticos de la derecha, que utiliza el tema como principal arma contra Pedro Sánchez. Una vez más, queda demostrado el principio tramposo que con tanta desvergüenza como soberbia pregonaba Pedro J. Ramírez en relación a su periódico: “No estamos para informar, sino para influir”. Por supuesto, un principio no atribuible sólo a Pedro J., sino a la práctica totalidad de los grandes medios.

Pues bien, con ese mismo ánimo de influir y no informar, la omnipresente amnistía se ha tragado una noticia relevante que, en este momento, a los grandes medios no interesa resaltar: el Tribunal Constitucional ha rechazado el recurso del Tribunal Supremo que pretendía repetir el juicio del caso Bateragune. Por lo visto, al TS le parecieron poco castigo los siete años que en 2012 se impuso a Otegi, Díez, Zabaleta, Jacinto y Rodríguez, los años de cárcel que cumplieron a pulso en su totalidad; los altos magistrados trataron de repetir la jugada con más rigor. Vean, vean, si no hubo aquí lawfare, ese uso torticero de la justicia para lograr réditos políticos.

La noticia, como tal, duró un par de telediarios, como suele decirse, y por comodidad o perversa intención centró su contenido en Arnaldo Otegi como figura a demonizar. De lo que aquella detención de los dirigentes de la izquierda abertzale en octubre de 2009, del consiguiente juicio, de las duras condenas y del posterior empeño del Tribunal Supremo en repetir la represalia judicial, Otegi manifestó que quedaba clara la intención de los magistrados del Supremo y su obsesiva persecución a la izquierda independentista. Más claro aún, el coordinador general de EH Bildu aseguró que aquella detención de 2009 tenía por objeto “evitar por parte de los poderes del Estado que la violencia armada de ETA desapareciera de la ecuación política”.

Conviene reflexionar sobre esa ecuación citada por Arnaldo, ya que los servicios de Información españoles conocían que la dirección de Batasuna trabajaba intensamente para un giro histórico basado exclusivamente en la actividad institucional y democrática. La violencia de ETA impedía el progreso político de la izquierda independentista, acosada mediáticamente e ilegalizada judicialmente. Los detenidos del Bateragune estaban diseñando esa nueva política, mientras se iban preparando los estatutos de Sortu, el nuevo partido con garantías de total legalidad que sería presentado en febrero de 2011 y legalizado en junio de 2012, ya con ETA fuera de la ecuación.

Ya ha llovido, va para trece años, desde que ETA ya no cuenta ni para la ecuación ni siquiera como incógnita que despejar. Pero está claro que la derecha política, mediática y judicial española, adicta al álgebra antiterrorista sigue empeñada en eternizarla. Y no se recatan en recurrir a ETA lo mismo para mentir sobre la autoría del 11-M, que para demonizar acuerdos, que para soliviantar la calle, que para reprobar a un concejal de pueblo. Al menos por esta vez, el TC ha impedido el intento, pero siguen empeñados en dejar la ecuación sin despejar, porque la perversión algebraica de la política que ejerce la derecha española se eleva al infinito. Aburren.