Las distintas posiciones que están manteniendo las diputaciones vascas a la hora de encarar modificaciones en la estructura tributaria en la reforma fiscal que toca hacer el próximo año y la supresión de algunos impuestos, como es el caso del de Patrimonio, del que son partidarias las diputaciones de Araba y Bizkaia, mientras que la de Gipuzkoa se alinea con el Gobierno Vasco, al no considerar que este asunto sea prioritario en este momento, ponen de relieve no solo las distintas realidades de cada uno de los territorios que conforman la Comunidad Autónoma Vasca (CAV), sino también los distintos modelos políticos y sociales que se propugnan desde cada institución.
La filosofía que subyace, por ejemplo, en la Diputación de Bizkaia, -partidaria de la supresión del Impuesto de Sociedades para evitar la fuga de contribuyentes vizcaínos al paraíso fiscal en el que se ha convertido la Comunidad de Madrid-, calificada incluso por algunos de cuasi neoliberal y que tuvo su máximo exponente en el intento de eliminar el tope exento de las rentas irregulares que favorecía a los jugadores del Athletic de Bilbao, difiere sustancialmente de la que aplica su homónima guipuzcoana que rechaza la desaparición de este tributo.
En este sentido, el diputado general de Gipuzkoa, Markel Olano, ha sido claro al rechazar una especie de carrera para bajar los impuestos que parece que se empieza a dar en Euskadi y que al final desemboca “en sociedades cada vez más desiguales, más injustas y menos cohesionadas”.
La prueba de ello es que en el Presupuesto que la Diputación de Gipuzkoa ha presentado para el año 2020 con un gasto de 863,6 millones de euros, el departamento de Políticas Sociales se lleva el 46,25%, es decir 399,3 millones, lo que le coloca con distancia en el área que más recursos recibe, a lo que hay que sumar la inversión en proyectos estratégicos de futuro como son los centros de envejecimiento, Adinberri, el de ciberseguridad, Ziur, y de electromovilidad, Mubil.
El problema que puede suscitarse entre los ciudadanos en general es que todo el mundo puede entender que la eliminación del Impuesto de Patrimonio, denominado “el tributo de los ricos” o establecer grandes bonificaciones en el de Sucesiones y Donaciones supondría una carga fiscal más para las clases medias. El problema radica en que una supuesta eliminación del Impuesto de Patrimonio, que el año pasado supuso una aportación total de 185 millones de euros, debe ir acompañada de la búsqueda de alternativas para no perder recursos y equilibrar la recaudación.
El dumping fiscal que está haciendo la Comunidad de Madrid con el inexistente Impuesto de Patrimonio y las bonificaciones del de Sucesiones y Donaciones puede ampliarse a la Hacienda estatal, si el PP accede a La Moncloa, tras las elecciones del próximo domingo. La pretensión de los populares es bajar todos los tramos del IRPF hasta situar el marginal máximo en el 40% frente al 45% actual, rebajar el de Sociedades del 25% actual al 20%, suprimir el de Patrimonio y el de Sucesiones y Donaciones, en línea con lo que está haciendo ya la Comunidad de Madrid.
Por el contrario, parece que el PSOE, a través de la ministra en funciones de Hacienda, María Jesús Montero, es partidario de armonizar por arriba los impuestos que recaudan las comunidades autónomas, más en concreto, los que pagan los grandes contribuyentes, para evitar la guerra entre las regiones.
Sea como fuere lo que está claro es que la fiscalidad debe estar íntimamente unida al estado de bienestar social que nos hemos dotado y que debemos preservar si queremos mantener una sociedad más cohesionada y menos desigual y responder a los problemas que generan una situación económica cada vez más cambiante y volátil.
En este sentido, el reciente Informe de Competitividad del País Vasco 2019 elaborado por Orkestra-Instituto Vasco de Competitividad, a la hora de realizar un diagnóstico de la situación económica, tras destacar la buena posición de la CAV en lo que se refiere al PIB per cápita, al situarse en el puesto 28 entre 218 regiones europeas, o que se halla entre las que presentan unas menores tasas de pobreza y capacidad para hacer frente a gastos imprevistos, pone de relieve unas grandes debilidades como es la calidad del empleo, no solo en términos salariales, sino también en aspectos como la temporalidad o el trabajo a tiempo parcial, así como el impulso de proyectos profesionales que faciliten el desarrollo de las personas.
Comparando con Alemania y con datos de 2018, el porcentaje de asalariados con un trabajo temporal en la CAV es del 25,85% frente al 12,50%, mientras que en lo que se refiere a empleo parcial el 8,5% de los trabajadores vascos se hallan en esa situación frente al 2,71% de los alemanes. En la CAV hay un dato revelador, que apenas se conoce, que es que el 8,7% de los jóvenes entre 15 y 24 años son NINIs, -es decir, ni estudian, ni trabajan-, una situación que se agrava en España con un 12,5% y que en Alemania llega al 5,9%.
El gasto total en I+D respecto al PIB vuelve a reflejar, no por no conocida, otra realidad negativa como es la de tener una inversión del 1,85% frente al 3,02 de Alemania, lo que hace situar a la CAV en el puesto 58 del conjunto de las regiones europeas retrocediendo cinco puestos. Unos datos que por preocupantes nos deben llevar a la reflexión para afrontar su enmienda.
