urante décadas, la política vasca no pudo levantar el vuelo por el plomo de la violencia que pesaba sobre sus alas. Hoy, aunque la pugna política entre los dos principales partidos abertzales sigue en máximos, se siguen dando acuerdos en temas tan importantes como el de la educación, o los presupuestos. No es el caso de la política española. Mientras aquí, si no la convivencia, sí al menos la coexistencia está más que consolidada, en España, el ambiente político es cada día más irrespirable. Este nuevo y merecido clima de normalidad nos beneficia a todos los vascos, aunque presiento que en especial a las víctimas del terrorismo o cualquier violencia. Seguimos teniendo deudas impagables con ellas, así como flecos muy importantes por cerrar como, por ejemplo, no olvidarlas demasiado pronto. A esa mejor atmósfera para las víctimas de ETA ha colaborado la casi total desaparición de los ongi etorris públicos a presos de la banda. Por desgracia, las de otras graves vulneraciones de derechos humanos aún siguen siendo maltratadas por el Estado español. Tal y como supimos la semana pasada, que se le exija a la ama de José Ignacio Zabala, víctima del GAL, el pago de las costas por haber recurrido que no se le reconozca su condición de víctima del terrorismo, clama al cielo. No es la primera familia que recibe esta humillante petición, aunque en este caso, a esta familia se la secuestró, torturó, asesinó e hizo desaparecer a su hijo por la participación directa, judicialmente demostrada, de miembros políticos y policiales del Gobierno español. No cabe argumentar el cumplimiento de la ley y el ordenamiento para pedir el pago de los dichosos 9.252,06 euros. No cuando el mismo Estado que los reclama dio con la fórmula jurídica para que Galindo solo pasara cuatro de los 75 años de condena en la cárcel, o Vera y Barrionuevo, qué casualidad, fueran indultados.
