la noticia de la semana en Londres, junto a las derivadas políticas y sociales del brexit, ha sido el reconocimiento por parte del ex primer ministro británico Tony Blair en el marco de una comparecencia pública tras la divulgación del informe oficial sobre la invasión de Irak de que las pruebas que proporcionaron los servicios de inteligencia para justificar la guerra de Irak en 2003 estaban equivocadas y ha expresado disculpas por las consecuencias de su decisión de iniciar el conflicto.
Blair sostuvo que acepta “toda la responsabilidad” sobre los errores a los que apunta el llamado Informe Chilcot, al sostener que el Gobierno subestimó las consecuencias de la guerra y no agotó todas las opciones pacíficas antes de dar luz verde a la invasión. ¿Toda responsabilidad supone solo hablar en el plano político? ¿Para cuándo una dimensión penal que examine esta flagrante vulneración de la legalidad internacional?
Regresa así a nuestras conciencias la invasión militar del territorio Iraquí por parte de tropas aliadas comandadas por Estados Unidos, un ataque frontal al Derecho Internacional, una unilateral y vergonzosa decisión basada en el uso de la fuerza militar para cambiar el régimen político (de forma mimética a la invasión de Afganistán, que parecía recubierta de mayor legitimidad formal, pero que escondía la misma prepotencia y el mismo desprecio a la legalidad internacional).
Para Estados Unidos, España y Reino unido, protagonistas entonces de la tristemente célebre Cumbre de las Azores, bajo la labor de anfitrión del entonces primer ministro portugués y posteriormente presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, era posible una invasión preventiva, cautelar, que sin embargo carecía de toda base jurídica conforme a las leyes que gobiernan las relaciones internacionales.
Infausta y errónea ocupación militar de Irak, el vivo ejemplo de la barbarie civilizada, que fue orquestada bajo la batuta de un entonces emergente cesarismo en Estados Unidos, de la mano del presidente Bush: una ciega, prepotente y unilateral visión del Derecho internacional superada afortunadamente por el periodo de presidencia de Obama.
Bush defendió que la Constitución americana, conforme a la cual ostenta el cargo de comandante en jefe de las fuerzas armadas, y la Resolución del Congreso tras el trágico 11-S le autorizaban el uso de la fuerza en Afganistán y en Irak, y que le otorgaron una autoridad suprema respecto a la “guerra” contra el terrorismo, autoridad que podía ejercer para la defensa de su país en todos los campos, por encima, incluso, del legislativo y de la justicia, violando derechos civiles, negando la jurisdicción de los tribunales a través de ese limbo jurídico que supuso y supone Guantánamo, extendiendo escuchas ilegales sin freno alguno y todo ello bajo la bandera de la supuesta defensa de la democracia.
¿Era y puede ser posible una democracia sin Estado, como se pretendía en Irak? Irak no se convirtió en un país liberado, sino en un Estado ocupado militarmente y esa invasión han tenido directa incidencia en las tendencias geopolíticas en Oriente Próximo, además de sembrar la tragedia, la destrucción, la muerte y la tortura. Irak se transformó en una sociedad en ruinas, al borde la guerra civil y convertida en una enorme fábrica de terrorismo.
Triste recuerdo, el de la invasión de Irak, que contó con la vergonzante anuencia de toda la bancada de parlamentarios del PP: nunca una unanimidad acrítica fue tan contraria a los principios de la convivencia, de la paz, de la dignidad y de la libertad. Un oxímoron político, la máxima contradicción posible: en nombre de la democracia usurpar la libertad, la justicia, la vida y finalmente pretender justificar lo injustificable.
Aquí todavía estamos esperando que al menos reconozcan su error, algo al parecer difícil para quienes confunden prepotencia chulesca con firmeza democrática.
