Parecía que el límite del despropósito había llegado a las sentencias del Supremo revocadas por los tribunales europeos, y que se impondría el sentido común para evitar el ridículo de la justicia española. Vana esperanza. Con ocasión del rocambolesco episodio por el que Alberto Rodríguez ha sido despojado por Meritxell Batet, presidenta del Congreso, de su condición de diputado elegido democráticamente, presionada por el inefable juez Marchena, presidente de la Sala Segunda del TS, y dada la imagen humillada en la que ha quedado la tercera autoridad del Estado víctima de sus presiones se ha visto obligada a rectificar su decisión inicial de mantenerle el escaño avalada por el informe del letrado mayor de las Cortes. La parte del sainete tiene muchas aristas y es una sucesión continua de gags de los que solo su relato constituye motivo para darle publicidad, pues el argumento más parecería de una película cómica que parte de una decisión judicial. Es significativo que la presidenta del órgano de representación de la ciudadanía haya admitido la injerencia de un tribunal cuyos jueces no son elegidos por la ciudadanía y le haya amenazado con recursos que no se atreve a argumentar en la sentencia por temor a la reacción de los tribunales europeos, pues sabe que revocarán la sentencia de despojar de su acta de diputado a Alberto Rodríguez. Esta actitud provocativa de Marchena, que afecta al principio de separación de poderes fundamento del sistema democrático, muestra que además de anticonstitucional, la decisión de los jueces del Supremo es soberbia y carente de criterio, pues deberían reflexionar sobre la historia de las múltiples sentencias que los tribunales europeos vienen habiendo revocado. Quosque tándem abutere, Catilina, patientia nostra?, Marchena, Llarena, Marlaska...
