El Estado español debería ser declarado responsable civil subsidiario de la muerte del pequeño Álex a manos de un delincuente reincidente, peligroso y en libertad condicional. Se demuestra una vez más que en España prima la ideología sobre la seguridad de los ciudadanos. Y que vaya por delante que la única persona que tiene poder para tomar decisiones con efecto incontestable es un juez. Si un juez decide la libertad de un delincuente para que sea supervisado por determinada estructura debe confirmar que dicha estructura funciona. ¿O se imaginan a un general ordenando a sus soldados arrojarse de un avión sin comprobar los paracaídas?
