La crisis sanitaria del COVID-19 está dejando al descubierto las enormes deficiencias de los servicios públicos, tras los reiterados recortes en personal y recursos para atender a la ciudadanía.Lo que está ocurriendo en el INSS de Donostia es inaceptable y escandaloso (el que conozco e irrita, aunque el problema sea general). Conseguir una cita previa resulta desesperante, varias llamadas diarias y gestiones por Internet, casi imposible por el colapso del servicio.A las dificultades de gestión, se une la tardanza en resolver expedientes, mientras los solicitantes fallecen o se desesperan. Estoy, estamos, convencidos de que a las empresas no se hace esperar tanto. Señalo algunos hechos:- Dos pensionistas afectados de cáncer de origen laboral (el primero derivado de inhalar polvo de madera, el segundo de inhalar amianto y otros cancerígenos) solicitan en octubre y diciembre de 2019 las prestaciones derivadas de enfermedad profesional. Los dos fallecieron posteriormente sin conocer la resolución. Las familias continúan esperando la justa prestación. -Otro, con cáncer derivado del amianto, lleva once meses esperando la resolución. Tras llamar solicitando información, la respuesta: “Estamos a la espera del cálculo de la nueva pensión, en septiembre o la próxima semana recibirá la resolución”. Pasa una, dos, … Inaceptable.-Meses de espera de una viuda, sin cobrar prestación económica alguna, aun habiendo aportado sentencia que reconocía el origen profesional del cáncer de su compañero.-Trámites de recargo por falta de medidas de seguridad por enfermedad grave del amianto, iniciado hace 16 meses. Fallecido el enfermo, la Inspección de Trabajo requiere a la viuda que en 15 días presente alegaciones. Un año después de realizadas, no hay respuesta.Podría seguir relatando historias, faltaría espacio. No culpo a las empleadas/os de la Seguridad Social, ni deseo que resuelvan los expedientes por la vía rápida de rechazo, obligando a las víctimas a recurrir a la vía judicial, ya colapsada, para requerir un mínimo de justicia. Las víctimas mayoritariamente son pensionistas y fueron condenadas décadas atrás a enfermar y muerte prematura por el incumplimiento empresarial de la normativa de seguridad e higiene, que obligaba a proteger la salud en el trabajo. No es mucho pedir que en la última fase de la vida aspiren al reconocimiento del origen laboral de la enfermedad que padecen y garantizar, en su ausencia, una cobertura económica mínima para los suyos. Los obstáculos no nos van paralizar ni vamos a desistir en reclamar el reconocimiento y compensación del daño causado. Si el INSS continúa eternizando las resoluciones, nos obligarán a impulsar movilizaciones permanentes ante las oficinas del INSS. Las fuerzas políticas y sociales no deben permanecer impasibles ante el maltrato y la condena a la que por segunda vez son sometidos los que sufren un cáncer por el trabajo.
