La política vasca ha estado condicionada por el proceso electoral. La legislatura estará marcada por las consecuencias del COVID-19 y para salir de la crisis no habrá más remedio que recurrir al endeudamiento y saber quiénes van a pagar la deuda pública. Saber para dentro de dos o tres años cómo se va afrontar la devolución sin que haya recortes en políticas sociales, salud o educación y con la reactivación económica en el horizonte inmediato. Está claro que se necesita una reforma fiscal progresiva, perseguir el fraude e incluso elevar los impuestos de sociedades. De lo contrario, echar mano de los recortes sería agudizar la precariedad de mucha gente, con miles de personas en paro o con sueldos bajos, al igual que autónomos con pequeños negocios que están sufriendo mucho. Afectaría también a pensionistas y otros sectores vulnerables, sin duda, será la prueba del algodón del próximo gobierno. El flanco social debe prevalecer teniendo en cuenta que la mayoría de la sociedad vasca tiene sensibilidad progresista y la oposición encarnada por EH Bildu también ha salido fortalecida el pasado domingo. Urkullu dijo en campaña que no habría recortes y que nadie le iba a dar lecciones de progresismo. Ha llegado el momento de conocer los planes de los partidos para saber cómo se piensa hacer la "reconstrucción vasca".
