Fue en abril de 2023 cuando el pleno del Congreso de Madrid aprobó la Ley por el Derecho a la Vivienda. La mayoría de los partidos abertzales -valga la expresión- denunciaron una patente invasión de competencias de sus respectivas comunidades, motivo por el cual PNV, Junts, CUP y PDeCat votaron en contra y BNG se abstuvo. EH Bildu y ERC no parecieron advertir ningún asalto a sus autogobiernos, pero pocos meses más tarde el partido catalán reculó y sí apoyó en el Parlament de Catalunya un recurso de inconstitucionalidad, aduciendo precisamente la vulneración de las competencias propias. Al final, solo los de Arnaldo Otegi consideran la citada ley respetuosa con lo nuestro. Extraña circunstancia.
Resulta difícil no encontrar paralelismos con la reciente discusión en torno al gravamen de las empresas energéticas. Los jelkides pusieron pie en pared denunciando un ataque al concierto económico y EH Bildu apoyó la propuesta que, como se sabe, decayó. La novedad en esta ocasión consistió en el anuncio a los pocos días de un acuerdo entre este partido y el Gobierno español para convertir la tasa en impuesto. Se seguía con la tradición sanchista de vender como nueva la misma mercancía más de una vez y a más de un socio -recordemos la competencia de tráfico de Nafarroa-, a pesar de los innumerables incumplimientos previos. Pero independientemente de ello, no dejaba de ser paradójico que con tal anuncio, los portavoces bildukides venían a reconocer implícitamente que algo de razón tenían Aitor Esteban y los suyos con sus protestas.
El debate sobre las energéticas y sus beneficios resulta apasionante, como lo son otras muchas disputas ideológicas que se están produciendo en las Cortes españolas. Pero nuestros representantes allá deben tener en el frontispicio de su actuación la defensa del fuero frente al huevo. Quien sacrifica ahora el fuero porque el huevo que se le ofrece parece sabroso, queda desarmado para cuando los gobernantes sean otros y los huevos estén podridos.
