Resolviendo dos recursos que le llegaron de Aragón y Castilla y León, el Tribunal Supremo español ha avalado que se coloque en los edificios públicos la bandera LGBTI (así la denomina la sentencia, como ahora los socialistas: sin Q+) con motivo de la celebración del Día del Orgullo. La noticia es buena y pone en un brete a todos los mandatarios peperos que se negaban a ponerla en los balcones, alegando precisamente cuestiones de legalidad. Debemos reconocer que en esto las gentes de Vox son más sinceras: allá donde mandan, no la colocan porque no quieren.

Estas sentencias nos retrotraen al conflicto que tuvo lugar en Catalunya en marzo de 2019 y terminó con la inhabilitación de Quim Torra como president de la Generalitat. Recordemos que La Junta Electoral lo denunció por desobedecer su requerimiento para quitar del balcón del Palau una pancarta por la libertad de los presos y exiliados políticos del procés. Torra movió ficha y la sustituyó por otra en la que ya no figuraba el lazo amarillo, pero tampoco agradó a los mandamases. Finalmente puso otra reivindicando la libertad de opinión y expresión y haciendo referencia a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Era ya tarde en opinión de los sedicentes justicieros. Cabe recordar que tampoco otros intentos más ingeniosos como el del ayuntamiento Port de La Selva reivindicando la libertad de los Peces Pacíficos pasaron el filtro.

Fue precisamente el Tribunal Supremo español quién echó a Torra de la presidencia. Se demostró una vez más que poco podemos esperar aquí en Euskadi y allá en Catalunya de un sistema judicial copado por gente que no nos tiene en alta estima, digámoslo así. También se demostró una vez más que los grandes partidos españoles que se echan continuamente los trastos a la cabeza a cuenta de jueces, fiscales, tribunales, consejos y demás, cuando de lo nuestro se trata, alcanzan un patente y apacible consenso, apelando al respeto a las decisiones judiciales. Que se lo pregunten a Quim Torra.