El 4 de febrero, Día Internacional de lucha contra el Cáncer, considero necesaria una reflexión acerca de las consecuencias que generan, cuando la mayoría de los profesionales sanitarios públicos o privados favorecen la ocultación del cáncer profesional, tras incumplir el artículo 5 del Real Decreto 1299/2006, que les obliga a “Comunicar sospecha” al diagnosticar una enfermedad incluida en dicho decreto. Está injustificable infracción de ley ayuda a ocultar el cáncer profesional y otras muchas enfermedades profesionales, eludiendo su prevención en el puesto de trabajo. Mientras tanto, la mayoría de las empresas y servicios de prevención ignoran el riesgo cancerígeno presente sin adoptar las rigurosas medidas de seguridad y vigilancia de la salud frente las sustancias cancerígenas. La reciente encuesta europea sobre factores de cáncer en el ámbito laboral, realizada por la Agencia Europea de Seguridad y Salud Laboral en seis estados (Alemania, Irlanda, España, Francia, Hungría y Finlandia), confirma el dramático riesgo que, sin atajar con medidas preventivas, conllevará un aumento exponencial de cáncer.
Desde hace años, la Comisión Europea viene señalando al cáncer como la principal causa (52%) de muerte laboral y pérdida anual de 120.000 vidas por cáncer ocupacional, de los cuales el 75% están relacionados con el amianto. La Organización Internacional del Trabajo señala que un 9,6% de las muertes por cáncer son atribuibles a la exposición laboral a cancerígenos. Si se analizan las cifras entre quienes trabajamos en la industria, las cifras serían muy superiores. No es casualidad que el cáncer sea la principal causa de muerte en Euskadi, a diferencia del Reino de España o de la Unión Europea. Es decir, una realidad de muertes obreras mucho más dramática que los inaceptables accidentes de trabajo, que continúan sin erradicarse. Por esta razón, las empresas deben dar mayor protección a los trabajadores y trabajadoras, adoptando rigurosas medidas preventivas en el puesto de trabajo. Mientras tanto, numerosos ayuntamientos continúan incumpliendo la ley sin realizar un inventario municipal del amianto instalado, ni aprobar planes para erradicar el amianto asesino. Tampoco es casualidad que la Comisión Europea haya abierto un expediente sancionador a diferentes estados, incluido el Reino de España, por incumplir las directrices para dotar de mayor protección a los trabajadores frente al amianto, como incorporar a la legislación un nuevo listado de enfermedades profesionales.
El CEPROSS registró el año pasado cifras de cáncer profesional superiores a años anteriores, con 119 cánceres profesionales en el conjunto del Estado. 60 a causa del amianto, 19 por sílice, ocho por polvo de madera, seis por hidrocarburos, seis por níquel, cinco por cromo... De estos, Euskadi se sitúa con un cupo muy elevado, más del 36%, de los que el 90,6%, de 43 vascos afectados, no causaron baja. Al parecer, por tratarse de pensionistas, dado que la enfermedad aparece décadas más tarde de la exposición cancerígena. Cifras que expresan la ocultación y subregistro de estas enfermedades, frente a miles reconocidas en Alemania, Francia o Italia.
Durante los últimos 15 años hemos logrado que Osalan multiplique por 3 el número de personas inscritas en el fichero de personas expuestas al amianto, llegando a 18.224 en diciembre de 2025, por haber trabajado expuestas al amianto, pudiendo acceder a un plan de vigilancia sanitaria, por cierto, una cifra muy superior al resto de las comunidades.
Resulta inadmisible que profesionales sanitarios de Osakidetza o Policlínica Gipuzkoa incumplan la ley, sin comunicar sospecha a Osalan tras diagnosticar un mesotelioma, un cáncer pulmonar, de garganta o asbestosis, sobre todo si el enfermo tiene un engrosamiento pleural y placas pleurales, aunque el enfermo/a, desconozca haber estado expuesto al amianto. Igualmente, resulta escandaloso que las unidades de Urología de Osakidetza no comuniquen una sola sospecha por cáncer de próstata, cuando la enfermedad afecta a trabajadores con prolongada historia de trabajo en fundición o tareas de soldadura, es decir, inhalando humos metálicos de cadmio, causante del cáncer de próstata.
Urge una ampliación del Listado de Enfermedades Profesionales, en línea con la recomendación europea, aunque su eficacia requiere cambios de actitud de los profesionales sanitarios y de dirección de Osakidetza. Solo así las empresas y Servicios de Prevención comenzaran a asumir la prevención frente a las sustancias cancerígenas. Sin duda, requiere que las mutuas o el INSS apuesten por la prevención, abandonando su actitud obstaculizadora al reconocimiento profesional. Para hacerlo posible es imprescindible un cambio en la acción de las organizaciones sindicales, abordando la lucha contra el riesgo cancerígeno y la defensa de las víctimas, aun cuando enfermen no se encuentren en activo trabajando. Sin esos cambios se continuará ocultando el origen de la enfermedad, sin la prevención y miles enfermarán. El sufrimiento que generan, las pérdidas económicas y vidas humanas las hace inaceptables. Si las instituciones continúan haciéndose el sordo, sin importarles nuestra denuncia en prensa o al Ararteko, nuevas y más contundentes reclamaciones vendrán contra las infracciones preventivas y la necesaria protección de la salud laboral.
