Cuando hablamos del reciente ataque de Estados Unidos a Venezuela y del secuestro y traslado de su presidente a una prisión en Brooklyn, no importa lo que opines sobre Maduro ni sobre Chávez. Ni siquiera importa lo que te parezca la Revolución Bolivariana o el socialismo que viste. Tu opinión política no es relevante. La mía tampoco. Lo que importa es la legislación internacional vigente. Nada más. No es un debate político, sino legal. 

En un artículo reciente en este mismo periódico, Iñaki Anasagasti intentaba convencernos de lo imposible; que lo que ha hecho Trump en Venezuela es correcto y necesario. Para ello, nos daba su opinión política sobre la situación interna en Venezuela (como digo, irrelevante) y una serie de ejemplos históricos con el fin de establecer un forzado paralelismo. Nos proponía, por ejemplo, la bondad de que el Presidente Roosevelt hubiera decidido en 1939 llevar a Franco a ser juzgado en Estados Unidos. Olvida, señor Anasagasti, dos cuestiones fundamentales. 

La primera: que aun pudiendo hacerlo, el mismo Estados Unidos que hoy derroca a Maduro decidió no intervenir para librarnos de Franco. Nunca. En cambio, prefirió dejarlo en su sitio durante casi 40 años hasta que se convirtió en el único líder fascista del periodo de la Segunda Guerra Mundial en alcanzar una plácida muerte en el poder, lo que le permitió dejar todo atado y bien atado. Lo hicieron porque así lo dictaba el interés nacional de Estados Unidos, que es la guía primordial de su política exterior desde el primer día de su fundación hace ya 250 años. El mismo motivo por el que también apoyaron al dictador Ngo Dinh Diem en Vietnam, al falso Shah en Irán, a Pinochet en Chile, al régimen del Apartheid en Sudáfrica, a los talibanes en Afganistán o a genocidas como Netanyahu en Israel, entre tantos otros.

Y la segunda, y más importante: que en 1939 no contábamos con el marco de la legislación internacional y de la Organización de las Naciones Unidas que hoy la rige. No la teníamos porque ambas fueron consecuencia de dos guerras mundiales en apenas 30 años, incluido el Holocausto. 

Por lo tanto, la reciente historia global debería ser lección suficiente para concluir que, aun imperfectas, las reglas regidas por la ONU son las únicas que nos separan del caos global. Lo único que nos aleja de estar sujetos a los vaivenes de poderosos más o menos ilustrados (casi siempre, menos). Y la base de todo ese sistema de legislación internacional es el principio de la soberanía nacional, según el cual un estado es la autoridad suprema en su territorio. Es así desde la Paz de Westfalia de 1648, que dio fin a la Guerra de los 30 Años, el último conflicto religioso en Europa y responsable de la muerte de hasta el 65% de la población en muchas zonas del continente. 

Hace por tanto cuatro siglos que decidimos que, por mucho que nos frustre la situación interna de un estado, los demás no tienen legitimidad para intervenir a sus anchas. Y sólo tras los horrores de la Segunda Guerra Mundial, consecuencia del fracaso de la Liga de las Naciones en la década de los años 30, precisamente por injerencias unilaterales de Alemania, Italia o Japón (todos gobiernos abiertamente fascistas), se creó el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y se le dio, en exclusiva, la legitimidad para intervenir militarmente en un estado soberano.

Hoy en día sólo hay, por tanto, dos situaciones en las que la injerencia extranjera es legítima: la defensa propia ante un ataque militar directo, o el mandato del Consejo de Seguridad de la ONU. Punto. En el caso de Venezuela, no se ha dado ni lo uno ni lo otro. Ni siquiera se ha activado el protocolo de la Responsabilidad de Proteger, por la que el Consejo de Seguridad puede actuar de manera proactiva. La visión política de un líder iluminado nunca puede sustituir el mandato de la ley internacional. Lo contrario es una carrera a los infiernos. 

El señor Anasagasti propone apostar la seguridad y paz internacionales a las ensoñaciones de pirómanos como Trump, Putin o Netanyahu. Lo hace porque, en esta ocasión, el signo del ataque militar les favorece a él y a su partido, el PNV. Pero, ¿qué pasará cuando no sea así? ¿Quién determina cuál es el siguiente “dictador” a derrocar unilateralmente? Si Trump hiciera caso de furibundos vagos intelectuales como Santiago Abascal, quizá jugaría con la idea de invadir España para librarse de la “dictadura social-comunista” a la que nos somete el gobierno de Pedro Sánchez. Un gobierno sostenido, entre otros, por el propio PNV. ¿En qué posición quedaría entonces el hambre de injerencia extranjera que hoy expone Anasagasti? 

Por desgracia, Anasagasti no está solo. Le acompañan en esa insostenible e indignante posición líderes españoles y europeos de diferentes colores políticos, desde Ayuso y Feijóo, hasta Macron, Starmer o Merz, comandados por la sonrojante Kaja Kallas, supuesta representante de la diplomacia de la UE. Todos caen en el mismo error, el de interpretar la ley internacional en su favor y en el de sus supuestos aliados políticos, utilizando la hipócrita doble vara de medir a la que Occidente ya nos tiene acostumbrados. Habrá que ver qué discurso les imprimen cuando Trump, inevitablemente, anexione Groenlandia.

En este asunto, Podemos representa el conservadurismo, la exigencia de respetar la ley. Aquellos que hoy aplauden a Trump, o renuncian a condenarle, son los extremistas radicales que prefieren la fuerza bruta del poder al orden legal internacional. Eligen abrir la puerta al reino del más fuerte, del sálvese quien pueda. 

El límite real a la jauría imperialista de la Casa Blanca no lo establecen la oposición política o el debate, sino la ley internacional vigente desde 1945. Y para ello, debemos unirnos en la exigencia de su cumplimiento por parte de todos los Estados miembros de la ONU, sin excepción. Mostremos la altura moral suficiente para reforzar la paz mundial renunciando al unilateralismo. La historia nos observa.