Soy un iluso, y a mucha honra

Espero no aburrirles con historias de hace 30 años. Amnistía Internacional, de todos es sabido, busca, entre otras cosas, la abolición total de la pena de muerte en todo el mundo. Recuerdo bien cómo se estudiaron formas de abolir lo que quedaba de dicha pena en el código penal militar español.

Lo primero que se pudo comprobar fue que en el Parlamento Vasco ya había habido al menos dos intentos de proposiciones no de ley en ese sentido. Llamaba la atención que, en los dos debates que se habían producido anteriormente en el Parlamento Vasco, no se había conseguido llegar a un texto de proposición no de ley que pudiera ser aprobado. Es más, tras estudiar los diarios de sesiones correspondientes, veíamos que en las dos ocasiones, los textos propuestos habían contado con los votos a favor de los proponentes, y la oposición u abstención del resto de partidos. Posteriormente vimos que en otros parlamentos habían pasado cosas parecidas.

Lo cierto es que aquello no cuadraba. Se pudo ver los textos de ambas propuestas no aprobadas y tampoco es que hubiera habido grandes diferencias en los mismos. Se había hablado de forma informal con todos los partidos que entonces tenían representación en la cámara, y todos afirmaban estar muy a favor de eliminar esa última rémora de la pena de muerte en la legislación española. Leías los argumentos en los diarios de sesiones para rechazar las propuestas y te quedabas perplejo. En uno de los debates se llegó incluso a poner como ejemplo alguna extraña circunstancia relativa al ataque japonés a Pearl Harbor para rechazar la negativa a la propuesta presentada.

De ahí que se valorara acudir como entidad ajena por completo a la política partidista, y que igual así se tendría mejor suerte. Y así se hizo. Se compareció en la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Vasco con un texto que –si no recuerdo mal- era básicamente una refundición de las dos propuestas presentadas anteriormente. También se aderezó la propuesta con articulado del derecho internacional, en concreto, con el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, destinado a abolir la pena de muerte por ser una violación de derechos humanos. Este protocolo ya había sido ratificado por España en 1991. Se aprobó sin problema reseñable en Comisión y pasó a ser aprobado como proposición no de ley en un pleno posterior.

Fueron, creo recordar, solamente dos o tres parlamentos autonómicos donde no se consiguieron textos similares, pero no fue porque hubiera oposición, sino porque no se contaba con gente en esos lugares que pudieran realizar la labor. A veces se nos argumentaba que para qué tanto trabajo, si sólo estaba prevista la pena de muerte para tiempos de guerra y que era muy poco probable que hubiera una guerra.

Los tiempos cambian. No cabe tal optimismo, desgraciadamente, hoy en día.

Se suele atribuir a Groucho Marx eso de que la justicia militar es a la justicia lo que la música militar es a la música. Por un lado tengo la esperanza de que ya no sea así, pero por otro conozco casos en todo el mundo que hacen pensar que dicha frase resulte incluso elogiosa. Y en tiempo de guerra, ni les cuento.

El caso es que Amnistía Internacional acudió al Senado con esa serie de proposiciones no de ley de la casi totalidad de parlamentos autonómicos. Tampoco fue sencillo, pero se inició la compleja tramitación de la abolición. El Código Penal Militar era y es una ley orgánica y su tramitación fue por ello larga y compleja. Me consta que además de los esfuerzos de Amnistía Internacional también la Comunidad de San Egidio aportó los suyos. Y también hubo diversas acciones de organizaciones sociales e iniciativas individuales.

Este pasado agosto y ahora en septiembre se cumplen 50 años de las últimas condenas a muerte pronunciadas en España. Fueron once los condenados a muerte en diversos consejos de guerra sumarísimos. El Consejo de Ministros del viernes 26 de septiembre de 1975 indultó a seis de ellos, confirmando las condenas a muerte de los otros cinco. Y el próximo 27 de septiembre se cumplirán 50 años de sus ejecuciones. Por otro lado, el próximo 27 de noviembre se cumplirán 30 años de la abolición de la pena de muerte en el código penal militar para tiempos de guerra.

El pasado 12 de agosto, con la Ley de Memoria Democrática, el Gobierno declaró ilegítima y nula la condena a uno de estos cinco últimos fusilados, en concreto la de Xose Humberto Baena, del FRAP, que fue uno de los ejecutados ese 27 de septiembre de 1975. El tribunal militar que lo juzgó en consejo de guerra se limitó a dictar sentencia a partir de las declaraciones autoinculpatorias del acusado, arrancadas bajo tortura por la policía de la época. Uno de los testigos incluso declaró que no se parecía en nada a la persona que había cometido el asesinato del policía Lucio Rodríguez Martínez, del que había sido acusado.

Recuerdo también que Marc Palmés y Magda Oranich, los abogados de oficio de Juan Paredes Manot, Txiki, relataban que tuvieron tan sólo cuatro horas para preparar su defensa en un proceso por el que se pedía la pena de muerte. Es obvio que en tales circunstancias, su defensa letrada no pudo ser eficaz.

Son dos ejemplos de la falta de garantías que contribuyó al consenso que se produjo primero para abolir la pena de muerte en la legislación civil con la aprobación de la Constitución de 1978, y posteriormente con la abolición de la pena de muerte que se contemplaba en el código penal militar para tiempo de guerra.

Bien. ¿Por qué les cuento a ustedes esta historia de abuelo cebolleta en un mundo en el que el crudo enfrentamiento en redes sociales pesa más que el debate real de si unas medidas políticas objetivamente convienen más o menos que otras? Pues básicamente por la polémica surgida estos últimos días en torno al aniversario de las últimas condenas a muerte, en la que se ha hablado de memoria histórica, de injusticia, de terrorismo, de legitimidad, de deslegitimización y de casi todo… menos de pena de muerte.

Con lo que yo me quedo en dicha polémica es que claramente quedan cosas por solucionar. Pero también creo, y creo que también en esto habrá consenso, que estamos mucho mejor ahora que antes del 20 de octubre de 2011 cuando ETA anunció el “cese definitivo de su actividad armada” y, sobre todo también del 3 de mayo de 2018, cuando ETA procedió a su disolución. Creo que son muy pocas las personas exaltadas que, siguiendo unas inclinaciones u otras, lamentan ambas fechas. Y ya quisieran otros rincones del mundo estar como éste.

Para concluir, lanzo, como guiri inconsciente e imprudente que soy, una botella al mar con un mensaje al Olentzero y a los Reyes Magos. Que para cuando vengan, en sus correspondientes festividades tras los aniversarios antedichos, esos consensos primen sobre las diferencias y sirvan para hablar y emprender el camino de solucionar lo que aún no está solucionado. Llámenme iluso e incluso más cosas. Exhibiré mi ilusión con mucha honra. Pero ¿se imaginan el mensaje tan necesario y positivo que tal cosa daría a este mundo tan convulso en el que vivimos en la actualidad? Sería de primera plana en todo ese mundo.