Nos referimos al caso Sánchez, que saltó el viernes 26 de septiembre a la luz pública. Defendemos la libertad de expresión, también cuando nos choca y disgusta. Esta libertad no se extiende a la desinformación deliberada ni a los insultos indiscriminados a categorías de personas por su sexo, género, raza, religión, condición, etcétera, y conlleva la responsabilidad de expresar ideas basadas en opiniones razonadas y en datos contrastados, especialmente cuando las “opiniones” (en realidad, insultos) se vierten en el ámbito público referidas directamente a miembros del colectivo, los y las estudiantes, que conforman el objeto del ámbito del trabajo, la docencia, máxime en una materia tan sensible a la condición humana como el derecho laboral y de la seguridad social.
Nos enfrentamos así a una tesitura que supera el debate sobre el derecho fundamental a la libertad de expresión y sus límites establecidos desde el derecho al honor y la dignidad de las personas o desde el siempre incierto contorno de los delitos de odio. Nos adentramos en un nuevo debate sobre la relación laboral de un profesor que ha accedido mediante un contrato de sustitución con dedicación parcial –por una baja de maternidad de una profesora del área– con la UPV/EHU y sobre el respeto de las obligaciones docentes.
Este es el principal aspecto que debe afrontar nuestra Universidad: ¿cabe rescindir el contrato por incumplimiento de las obligaciones? La respuesta no puede ser inmediata, habrá que esperar a la resolución judicial definitiva, pero lo que debe ser inmediato es la denuncia del contrato por parte de la Universidad, ya que estamos ante actitudes –expresiones insultantes e hirientes publicadas en redes sociales– que no solo denigran directamente al colectivo objeto del contrato, sus estudiantes y su derecho a recibir una formación universitaria que respete su dignidad como personas, sino que además suscitan en ellos y en las instancias académicas dudas razonables sobre la imparcialidad y neutralidad del profesor que las expresa a la hora de formar y evaluar a sus estudiantes.
El foco mediático se ha puesto también, en algún caso tergiversándolo como si hubieran existido tintes de agresión, sobre la respuesta de los estudiantes del grupo 301 de la Facultad de Derecho (sección Leioa), aspecto que su delegado de curso ha aclarado suficientemente aportando datos e hilvanando argumentos con una competencia y solidez que nos hace sentirnos orgullosos de la calidad de nuestra formación universitaria.
Los y las estudiantes del grupo 301 nos devuelven el prestigio que nos resta el profesor Sánchez, que no nos representa y está en las antípodas de lo que entendemos por una universidad de excelencia que cuide a todos sus colectivos.
Candidato a rector de la UPV/EHU
