Acabamos de pasar por un proceso electoral de doble escala (local y estatal) que en la CAV ha dejado dos escenarios que los nacionalistas debiéramos leer de forma diferente. A nivel local, aunque el desgaste de EAJ es innegable, su suelo en votos contantes se ha vuelto a mostrar fuerte y la cuota de poder público a la que ha accedido le permite seguir encabezando las instituciones más importantes de la comunidad. A nivel estatal, el retroceso del partido es bastante más significativo, lo que advierte sobre las dificultades que, ante escaladas de antagonización radical como las que se viven en Madrid, se le presentan a todo aquel que plantea una agenda que no se somete a lo que sería necesario para la persistencia del conflicto bipolar.
En la antesala de las elecciones vascas, la agenda vasca se mueve en un plano secundario eclipsada por el estrépito con el que se propaga la política española. En la conversación política, el eje estatalista ha ido penetrando sin cesar durante los últimos años y ahora mismo es muy influyente en Euskadi. Sin lugar a dudas, un factor que ha influido en las últimas citas electorales, pero que se ha mostrado determinante ante unas elecciones generales disputadísimas.
Se trata de una fuerte polarización que atrae como un imán a no pocos votantes de diversos sectores abertzales. Afectando menos a EH Bildu, fuerza sucesora de aquella izquierda abertzale que siempre estructuró su programa táctico (desde la creación de la alternativa KAS) a partir de su deseo de participar activamente en una ruptura de régimen en España. Influyendo más en el PNV que carece de tradición de alineamiento con las diversas alternativas a la dirección del Estado. Su aproximación a una u otra de ellas se ha producido únicamente en circunstancias excepcionales (la causa a defender era la propia democracia) o cuando se han dado condiciones adecuadas para una interlocución seria que beneficiara directamente a la agenda vasca. Podríamos decir, en consecuencia, que el mapa político derivado del 23-J no es la referencia más adecuada del previsible comportamiento de nuestro cuerpo electoral ante las próximas elecciones, que de nuevo son de ámbito vasco. Si nos quisiéramos referir a un probable patrón de conducta electoral, por lo tanto, podríamos apoyarnos en las que se celebraron el 28 de mayo.
En estas circunstancias, el comportamiento del Grupo Vasco ha hecho ante el proceso de investidura ha sido coherente con su propia tradición y su desempeño ha sido hasta ahora notable. No había posibilidad ninguna de interlocutar con el candidato del PP, que se ha ejercitado con sumo gusto en el marco ideológico que domina su aliado Vox. Estos partidos están planteando la confrontación política como si buscaran un cambio de régimen, como un auténtico alzamiento contra los que ahora ocupan el Gobierno o han sido sus apoyos. En esa línea, la provocadora interpelación que realizó en el debate al PNV fue una lamentable exhibición de la hybris matritense, puesta de manifiesto con sus recursos preferidos: uniformidad nacional y código penal. La convocatoria de Feijóo era a rechazar al que no es igual, al que busca preservar su identidad diferencial. Era una llamada a alzar la Constitución como frontera inflexible e infranqueable para frenar el avance de las nacionalidades periféricas. El delito de deslealtad constitucional no puede entenderse de otra manera.
Entiendo que el PNV haya distinguido con claridad y rehusado la convocatoria que se limita a rechazar, a derogar todo lo que otros han hecho antes o a castrar toda expectativa de concordia en Cataluña, de la invitación que podría recibir para participar en la integración de las demandas de la agenda vasca en un programa de gobierno del Estado. Sin comprometer su posición crítica con la planta constitucional del Estado, el nacionalismo vasco siempre ha buscado interlocutores. El cheque en blanco nunca ha sido una opción. Ahora, se trata de contrastar si Sánchez va a ser capaz, en la nueva legislatura, de materializar fehacientemente el cumplimiento de los acuerdos a los que se comprometió en el pasado reciente y de obligarse con los nuevos temas que el Grupo Vasco le ponga sobre la mesa. Vamos a verlo.
Ante el crecimiento de la pugna entre izquierda y derecha españolas, puede pensarse que la posición decisiva pueda beneficiar a las formaciones territoriales y a la apertura de una fase plurinacional. Cuidado, lo que nos enseña la historia es lo contrario. Residenciar en Madrid la resolución de la cuestión nacional vasca es legitimar una relación de fuerzas que no nos representa que, con la misma habilitación con la que nos puede dar una determinada condición política, nos la también puede recortar o quitar. Además, el crecimiento de la polaridad entre la izquierda y la derecha españolas ha centrifugado tanto la política vasca hacia Madrid que ha eclipsado notablemente la tensión por la reforma del estatus vasco, y ha difuminado el movimiento sobre el derecho a decidir. Por todo eso, es absolutamente necesario recuperar para nuestras comunidades políticas el centro principal de la agenda política vasca. Tomemos las próximas elecciones de la CAV como una oportunidad para ello.
