Políticos y/o sindicalistas

Viene esto a colación de la confesión del secretario general de ELA, Mitxel Lakuntza, de que el sindicato se considera contrapoder porque, considera, quienes deberían hacer oposición no lo hacen. En el fondo de lo que habla es de hacer oposición al Gobierno Vasco desde la conflictividad laboral, que ya es un modo más de reforzarse uno mismo que de transformar la sociedad. Para empezar porque, en democracia, los procedimientos para hacer política no están reglados por capricho, sino porque la legitimidad nace de la representatividad del sufragio universal y su ausencia no la compensa la lícita cualificación que otorgan a un sindicato sus afiliados. De ahí que la función de los partidos políticos y de los sindicatos sea claramente diferente. Muchos o pocos, no es homologable a un actor político en democracia porque, siendo un proceso de adhesión y de coincidencia de intereses –lo que viene siendo un lobby, aunque esto no lo deslegitima per se– no está sometido al contraste del conjunto de la sociedad. El argumento contrario se deshace por la mera cuenta del número de afiliados sobre el conjunto de los ciudadanos mayores de edad.

Otra cosa es que, cuando Lakuntza habla de hacer contrapoder, beba del anhelo marxista-leninista de sustituir el modelo porque no lo puede reformar. Esa reacción busca legitimarse en la ausencia de libertad y derechos, pero en democracia es un atentado contra ella. Si el objetivo político de cierto sindicalismo es ese –y nada de lo que sostiene su retórica apunta a lo contrario–, debería sincerarse con la ciudadanía: anuncie que necesita alimentar un estado de descontento, como promulgaba Chernyshevski, cuyo horizonte era el proceso revolucionario. Unico mecanismo para convertir en actor político a un contrapoder no legitimado en las urnas.