Pedro Sánchez afronta, más allá de no haber sido arrollado por la derecha española, la obligación de estructurar una opción de gobierno que precisa la implicación de las fuerzas soberanistas de Euskadi, Catalunya y Galicia. Su discurso de preservar y profundizar en una agenda social progresista y evitar su involución puede haber sido suficiente para parar el golpe de la involución que exhibían como virtud tanto PP como Vox. Pero la investidura y una posterior gobernabilidad requieren de un compromiso estable con partidos que no se las van a regalar sólo a cambio de evitar el mal mayor de un gobierno Feijóo-Abascal. Únicamente Otegi se ha apuntado a esa postura formal, aunque el fondo del respaldo de EH Bildu bebe más de los resultados que ha obtenido hasta la fecha aparcando la agenda vasca en la disputa por los votos que en Euskadi hicieron en su día a Podemos la primera fuerza política en unas elecciones generales. Pero, descontados los votos gratuitos de Matute, Aizpurua y compañía, el resto los tendrá que trabajar Sánchez y tendrá que empezar a hacerlo pronto. El mayor error del presidente en funciones sería creer el discurso de la derecha española de que todo su futuro depende del criterio de Puigdemont y de JxCat. La necesaria abstención de los catalanes no tendrá ninguna utilidad si antes no se asegura el voto posirivo de PNV, ERC y BNG. Todos ellos han puesto claramente sobre la mesa las condiciones de su respaldo. Los jeltzales demandarán un acuerdo claro, firmado, rubricado sobre transferencias, políticas económicas y garantías para la integridad del autogobierno y, esta vez, con más garantías que la mera palabra de Sánchez, que se ha revelado insuficiente. En la misma línea se han manifestado catalanes y gallegos, con peticiones concretas en la línea del PNV, como la transferencia de cercanías ferroviarias, o la suficiencia fiscal de los primeros y la reactivación de la mesa de diálogo territorial. Sánchez debe evitar deslumbrarse por un resultado engañoso y entender que solo gobernará con una agenda territorial pragmática, que consolide el modelo descentralizado desde el reconocimiento de la diversidad. Una agenda que encare la realidad plurinacional sin demérito de ninguna autonomía ni agenda social pero sin olvido de la identidad plenamente constitucional de las nacionalidades históricas que señala el texto de 1977.
