Desde el verano de 2021, los precios de la energía han experimentado picos y volatilidad sin precedentes, y han tenido un impacto severo en los hogares y la economía de la Unión Europea (UE), especialmente después de la invasión rusa de Ucrania que provocó una crisis energética en toda Europa. Muchos consumidores vieron aumentar sus facturas debido al aumento del precio del gas, a pesar de que las fuentes de energía renovable ya cubren más de un tercio de la demanda de electricidad europea. Ante esta situación, la Comisión ha propuesto reformar el diseño del mercado eléctrico de la UE para acelerar el aumento de las energías renovables y la eliminación gradual del gas, hacer que las facturas de los consumidores dependan menos de los precios volátiles de los combustibles fósiles, proteger mejor a los consumidores de futuros picos de precios y la posible manipulación del mercado, y hacer que la industria de la UE sea limpia y más competitiva.

Reforma ‘ligth’

La ansiada reforma del mercado eléctrico europeo evita cambios estructurales y apuesta en cambio por contratos a largo plazo entre proveedores y consumidores, algo que puede ayudar a inyectar mayor certeza en las facturas mensuales y estimular las inversiones tan necesarias en el sector renovable. La reforma, sin embargo, no es tan profunda como les hubiera gustado a algunos países, como Francia o España, y evita por completo la idea del “desacoplamiento”. De hecho, los planes mantienen intacto el llamado orden de mérito, el principio constitucional que ha sustentado el mercado eléctrico liberalizado de la UE durante las últimas dos décadas. Según el orden de mérito, todos los generadores de electricidad, incluidas las plantas solares, eólicas, nucleares, de carbón y de gas, venden energía de acuerdo con sus costes de producción. La licitación parte de las fuentes más baratas, las renovables, y termina con las más caras, generalmente el gas.

Contratos a largo plazo

La Comisión Europea confía en que la orden de mérito pronto recuperará su equilibrio, pero admite que los hogares y las empresas necesitan más certeza sobre sus gastos diarios. Por lo tanto, la reforma tiene un fuerte enfoque en los contratos de electricidad a largo plazo entre proveedores y clientes, lo que puede garantizar que los precios de la electricidad se mantendrán dentro de un rango predecible y acordado, incluso si las cosas se salen de control. La Comisión tiene la intención de promover la adopción de tres tipos de contratos: Acuerdo de compra de energía (PPA): un contrato privado entre un proveedor y un cliente, generalmente una empresa, que puede durar hasta 15 años. Establece los términos de los precios y suministros negociados. Contrato a plazo: un contrato privado entre un proveedor y un cliente, similar a un PPA pero con una duración más corta de hasta tres años. Contrato por Diferencias (CfD): contrato entre un proveedor y el estado que establece un rango de precios con niveles mínimos y máximos. Si los precios de la electricidad caen por debajo del rango, el estado compensa la diferencia. Pero si el precio excede el rango, el estado tiene derecho a capturar los ingresos excedentes.

Protección a consumidores

La protección de los consumidores vulnerables también se mejora significativamente. En virtud de la reforma propuesta, los Estados miembros les protegerán respecto de la mora de la desconexión. Además, permite a los Estados miembros ampliar los precios minoristas regulados a los hogares y las pymes en caso de crisis. También se renuevan las reglas sobre el uso compartido de energía renovable. Los consumidores podrán invertir en parques eólicos o solares y vender el exceso de electricidad solar en los tejados a los vecinos, no solo a su proveedor. Por ejemplo, los inquilinos podrán compartir el excedente de energía solar en la azotea con un vecino. Para mejorar la flexibilidad del sistema eléctrico, ahora se requerirá que los Estados miembros evalúen sus necesidades, establezcan objetivos para aumentar la flexibilidad no fósil y tendrán la posibilidad de introducir nuevos esquemas de apoyo, especialmente para la respuesta a la demanda y el almacenamiento. La reforma también permite a los operadores del sistema procurar la reducción de la demanda en las horas punta.