Maldito el día en que Juan Mañas invitó a sus amigos, Luis Montero y Luis Manuel Cobo, a la primera comunión de su hermano pequeño. Recorrieron la península desde Cantabria hasta Almería. Allí, en Roquetas de Mar, aparecieron sus cuerpos torturados, mutilados, baleados y calcinados. Habían sido confundidos con militantes de ETA por una unidad de la Guardia Civil al mando del teniente coronel Carlos Castillo Quero, en activo en el cuerpo a pesar de su carácter desequilibrado y alcohólico. La gasolina con la que los uniformados quemaron el coche fue comprada con el dinero que llevaban las víctimas para regalos al hermano de Mañas. El ministro del Interior, Juan José Rosón, respaldó en un principio la versión de los autores. Luego, ante la acumulación de pruebas, reconocería “el trágico error”. Al menos hubo juicio. De los once implicados, se condenó a tres, el susodicho Carlos Castillo y otros dos mandos, por “delitos de homicidio con atenuante de cumplimiento del deber”. Acabarían cumpliendo 11, 7 y 5 años de cárcel, los últimos en régimen abierto. Consta que cobraron su retiro de los fondos reservados del Ministerio del Interior y gratificaciones en forma de pisos junto al mar en la misma Almería, además de otras cantidades de asociaciones de guardias civiles. Se supone que para que no desvelaran los muchos puntos oscuros del caso. A los deudos de los asesinados, en cambio, se les denegó hasta tres veces la consideración de víctimas del terrorismo. La semana pasada, 42 años después, el Gobierno de España pidió perdón a las familias de Mañas, Montero y Cobo, por el “injusto abandono” a que les habían sometido las instituciones. La Ley de Secretos Oficiales que el PSOE se resiste a cambiar sigue, sin embargo, proyectando oscuridad sobre este caso. Eso, en Almería. En Orbaizeta, la familia de Mikel Zabalza sigue esperando a que el Estado reconozca el asesinato de su hermano.
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