stá claro que el sector del automóvil en toda su cadena de valor desde los fabricantes hasta los concesionarios, está atravesando una de las mayores crisis de su historia no ya por estar inmersos en pleno proceso de transformación tecnológica al pasar del vehículo de combustión al eléctrico, sino por las graves consecuencias que está teniendo la falta de suministro de microprocesadores en la producción de coches.

La crisis de los chips ha provocado que la producción de vehículos por parte de los grandes fabricantes haya sufrido un descenso entre el 35 y 30% de media, lo que ha provocado que exista cierto temor, a medida que pasa el tiempo, a que deje de ser un problema coyuntural para convertirse en estructural. De hecho, la escasez de componentes se ha llevado por delante un tercio de la producción de vehículos en el Estado, en concreto, un 25,1%, en el mes de septiembre, si se compara con el mismo periodo de 2019, según datos de la patronal de fabricantes, Anfac.

La dependencia de la industria del automóvil de los microprocesadores va a ir en aumento debido al tipo de vehículos que se están produciendo y que requieren cada vez más de estos chips. Si en 2019, los semiconductores suponían el 4% del total de los componentes de un vehículo, en el año 2030 se estima, con la implantación ya del coche eléctrico y automático, que ese porcentaje ascenderá al 20%.

Este cuello de botella que está provocando el suministro de los microprocesadores en la producción de vehículos, no solo afecta a los fabricantes y a las empresas de componentes de automoción, -que en Euskadi tienen un gran peso específico en su tejido industrial y representan una parte muy importante del conjunto estatal-, sino también a los concesionarios, que se están viendo presionados por las grandes marcas para que se transformen en meras agencias de venta con lo que ello supone de cambio radical de su modelo de negocio.

Ahora la pretensión de las marcas es que los actuales concesionarios se conviertan en meras agencias comisionistas para la venta de los vehículos al precio fijado por los fabricantes, con lo que se elimina de un plumazo un modelo basado en la distribución que proporciona una mayor versatilidad a la hora de vender un producto y captar clientela y, por lo tanto, aumentar la actividad de negocio.

Este cambio que quieren imponer las marcas va a tener como primera consecuencia el cierre de instalaciones y la reducción de las plantillas de los actuales concesionarios que para subsistir en las nuevas condiciones se van a ver abocados a nuevos procesos de fusión e integración mucho más profundos de los que se han producido hasta ahora.

A la hora de plantear una respuesta a esta nueva y difícil situación, los concesionarios se encuentran en una especie de limbo administrativo, ya que la Administración pública no incluye su actividad en el sector de la industria, a pesar de estar relacionada con vender y reparar un producto netamente industrial como es un coche, ni con el comercio, pese a dedicarse a la venta de vehículos. Sin embargo, los convenios colectivos y los planes de salud y seguridad en el trabajo que se aplican en los concesionarios corresponden a los vigentes en las empresas industriales del Metal. Y todo ello, a pesar de que la actividad que genera el sector de los concesionarios contribuye de una manera notable al PIB vasco, genera un número importante de puestos de trabajo, al tiempo que ejercen una labor de recaudación impositiva por los significativos gravámenes fiscales que genera la compra de un coche. Una situación que requiere una clarificación por parte de las instituciones para resolver esta incertidumbre y establecer las ayudas que, en circunstancias parecidas, tienen otros sectores industriales.

Por si fuera poco, las ventas de automóviles en la Comunidad Autónoma Vasca (CAV) van encadenando caídas sucesivas a lo largo del año hasta el punto de que hasta el mes de septiembre, -últimos datos que se tienen-, el descenso acumulado fue del 14,49%. Si la comparativa se hace con el mes anterior, la bajada es del 36%, siendo la CAV la comunidad autónoma que registró la mayor caída en todo el Estado.

Teniendo en cuenta esta coyuntura, hay que decir que las actuaciones que se han realizado desde el Gobierno Vasco a la hora de proporcionar dinamismo al mercado del automóvil no parece que hayan tenido el resultado apetecido, en contra de lo que ocurrió el año pasado. Más bien al contrario. El Plan Renove de Vehículos 2021 (PAVEA) del Gobierno Vasco, que se inició el pasado 15 de junio y que, precisamente, concluye hoy, 31 de octubre, parece que no ha respondido con las expectativas que esperaban sus promotores, al margen de la demora en la entrega de coches que se está produciendo a causa de la crisis de los semiconductores.

La insistencia por parte del departamento de Desarrollo Económico de no ampliar las ayudas del Plan Renove, que impulsa la compra de coches eléctricos e híbridos, a vehículos de combustión y de calificación energética A B y C, como ocurrió el año pasado, hasta el punto de duplicar el montante de las ayudas a los diez millones de euros lo que hizo que las ayudas se agotaran casi dos meses antes de su extinción, frente a los cinco millones con los que ha estado dotado de este año, ha hecho que esta medida no haya tenido, previsiblemente, una gran respuesta por parte de los vascos.

A falta de datos del Ente Vasco de Energía (EVE), que, -curiosamente, el año pasado ofrecía puntualmente información sobre la evolución de la demanda de ayudas por parte de los compradores-, las estimaciones que realiza el sector es que se habrán concedido subvenciones en torno al 5% de los cinco millones de euros que contemplaba el plan de ayudas para este año. El pasado mes de agosto, dos meses después de la puesta en marcha de las nuevas ayudas, el número de solicitudes era de 503, una décima parte de las registradas hace un año con el anterior plan.

Una prueba más del divorcio que existe entre las políticas que están impulsando las Administraciones públicas en favor de la transición energética y la realidad que viven los ciudadanos. En este caso, los coches eléctricos siguen siendo unos vehículos caros que presentan mucha incertidumbre por las enormes dificultades que contempla su uso, debido a la ausencia de una infraestructura de recarga necesaria para garantizar una movilidad mejor y más amplia. A eso hay que añadir, el aumento del mercado del coche de ocasión que está provocando que los turismos de más de diez años, y por lo tanto mucho más contaminantes que los actuales de combustión, estén ganando terreno sin parar. Es empezar la casa por el tejado y no parece que, a corto plazo, haya propósito de enmienda.