Las personas migrantes entre los sectores más vulnerables

esulta evidente que los sectores más vulnerables de la población son quienes más van a padecer las consecuencias del modo de afrontar esta pandemia. Y en ellos se encuentra sobrerrepresentada la población migrante.

Lo estamos viendo en el mes que llevamos de confinamiento. Familias que han dejado de percibir sus únicos ingresos producto de empleos precarios que han echado la persiana. Repercusión en dificultades para procurarse alimento y, por tanto, pasar hambre. Dificultad para pagar el alquiler del piso o habitación. Incomodidad de permanecer en espacios habitacionales mínimos, muy distintos a los que aparecen en los reportajes de los medios. Imposibilidad de que sus hijos e hijas prosigan sus estudios dado que en muchos de estos hogares no se dispone de ordenador y conexión a Internet para poder conectarse con su centro de estudios. Hijos e hijas que se quedan solos en casa toda la jornada al tener que acudir su madre al trabajo de cuidadora, limpiadora€ Trabajadoras de hogar que no pueden acceder a ayudas por desempleo. Migrantes en situación de calle, alojados en ocasiones en recursos no adaptados para situaciones prolongadas de confinamiento€

En este contexto resulta llamativo que el Gobierno español, nominalmente de izquierdas, no haya tenido en cuenta, expresamente, estas situaciones en las medidas que ha ido adoptando. Las trabajadoras de hogar, por ejemplo, han denunciado haber vuelto a quedar fuera en la flexibilización de requisitos de la prestación por desempleo o la extensión de la misma contemplada en el real decreto 8/2020, al no contar con esta prestación en el Sistema Especial de Empleo de Hogar.

Es también muy elocuente que, en una situación extraordinaria como la actual, no se haya considerado la regularización de las personas que no disponen de permiso de trabajo y residencia. Sin esa posibilidad de poder buscar un trabajo legal se les condena a la miseria y al trabajo irregular y en condiciones mayores de explotación. Su regularización, reclamada desde muchos sectores de la sociedad, es una medida imprescindible de cara a que cuenten con herramientas propias en la situación posconfinamiento, sin depender exclusivamente de ayudas públicas. Regularizaciones que en el pasado han llevado a cabo gobiernos de todos los colores, por centenares de miles. Ni siquiera lo han contemplado con criterios utilitaristas pensando en las decenas de miles de puestos de trabajo sin cubrir, por el cierre de fronteras, en las tareas de recolección del campo y que se reclaman desde el sector agrícola. O con la necesidad permanente de trabajadoras de hogar y cuidadoras, muchas de las cuales han de pasar años antes de poder regularizar su situación.

En el ámbito autonómico y municipal no son menores las incógnitas sobre la atención que las instituciones vayan a prestar a estos sectores. En el lema "no dejar a nadie atrás" la coincidencia en el discurso con el gobierno estatal es plena. Pero si vemos que, a nivel estatal, no va seguido de políticas que lo avalen, está todavía por ver que aquí vaya seguida con hechos. La atención desde los ayuntamientos a las necesidades de alimentos de un creciente número de familias está siendo muy desigual y, en cualquier caso, no llegan a todas las que lo necesitan. El Fondo para la atención de situaciones de exclusión y pobreza, dotado con 10 millones de euros, que aprobó el Gobierno Vasco el pasado 24 de marzo para hacer frente a estas situaciones, está aún por concretar sus actuaciones para poder evaluarlo y, si hacemos caso a lo que dicen las autoridades municipales, por ejemplo en Donostia, no pareciera que eso suponga disponer de más medios para afrontar las necesidades de la población. ¿Entonces?

Tampoco ha sido resuelta satisfactoriamente la obligada disposición de recursos de emergencia para alojar a las personas sin techo, un porcentaje significativo de las cuales son migrantes, al prohibirles su permanencia en las calles. A la tardanza en su disposición se suma que en algunos territorios se haya recurrido a macrodispositivos, absolutamente impropios en cualquier circunstancia pero más en esta, en que hay que mantener unos criterios sanitarios imposibles en esos lugares y con unos perfiles de personas con las que realizar un tipo de intervención que va mucho más allá de colocarlas en un contenedor.

Y, pensando en el día después, ¿van a estar incluidas estas familias y personas más vulnerables en los planes del Gobierno Vasco y de los ayuntamientos? No en las declaraciones, sino en las políticas que se articulen y en los presupuestos que las avalen. Pronto lo sabremos pero no hay muchos motivos para la tranquilidad.

Este domingo, en este mismo periódico, Pedro Azpiazu, consejero vasco de Hacienda y Economía, se mostraba optimista sobre las posibilidades de recuperación de la economía vasca. Afirmaba que "vamos a salir de una forma potente y recuperaremos en 2021 gran parte de lo perdido este año" y hablaba de la decisión de endeudarse, dado que hay un colchón de 1.000 millones hasta llegar al límite, para poder hacer frente a las necesidades. Habla de "políticas sociales de cara a ayudar a los colectivos más afectados" y de que "se están poniendo en marcha planes que permitirán mantener el gasto de las familias que lo van a pasar peor. Eso son políticas de impulso de consumo". ¿Llegará todo esto a las familias necesitadas? ¿Lo hará a tiempo y en cuantía suficiente? Pronto lo sabremos.

Ahora bien, si miramos por ejemplo, al Consistorio donostiarra, este mismo 12 de abril ha hecho la correspondiente declaración: "El Ayuntamiento no quiere dejar a ningún donostiarra atrás una vez se controle la pandemia y la crisis sea solo económica". Bien. Pero a continuación, la concreción se limita a "reconstruir la economía local, y para ello tres serán los sectores prioritarios a la hora de repartir las ayudas: comercio, hostelería y turismo". Sin duda la reactivación de esos sectores es fundamental para el mantenimiento de puestos de trabajo. Ahora bien, reconstruir la economía local, ¿no incluye atender directamente las necesidades económicas de la población que se ha quedado sin ingresos? Máxime en un primer momento. Si no se está pensando en un plan de choque en ese sentido desde el primer día, no se está siendo consecuente con la continua afirmación de que primero son las personas.

Y a las personas sin techo que ahora están alojadas en recursos de urgencia, ¿se les va a poner en la calle cuando acabe el confinamiento? ¿Se están planificando los recursos que permitan, a futuro, seguir atendiendo sus necesidades? ¿Se va a evitar que jóvenes tutelados por las diputaciones se queden en la calle, sin medios, al cumplir los 18 años?

Sería necesario que los medios de comunicación contribuyeran a hacer visible la situación de todos estos colectivos que, a día de hoy, forman ya una parte imprescindible en la construcción de nuestra sociedad. Es importante la creación de redes que visibilicen sus carencias y sus derechos, que les apoyen en los trámites necesarios para acceder a ayudas que estén previstas y que les muestren que no están solas, que les consideramos parte de esta sociedad.

Afrontamos una situación en la que cabe la posibilidad del crecimiento de planteamientos xenófobos. Las situaciones de crisis suelen ser aprovechadas para encontrar chivos expiatorios sobre quienes descargar las frustraciones. Las personas migrantes, que ya vienen siendo objeto de discriminaciones racistas pueden verse situadas aún más en la diana. Es importante, en primer lugar, atender a sus necesidades reales para que no caigan en la marginalidad. Y reforzar la labor ideológica que combata los rumores y prejuicios xenófobos y denuncie cuantas manifestaciones y acciones racistas puedan tener lugar. SOS Racismo seguirá siendo una herramienta más para combatirlo.

Gipuzkoako SOS Arrazakeria