Barrunto que algo está cambiando en la política española y creo que para bien. Me cuentan que Nadia Calviño, Ministra de Economía y Empresas, ha renunciado a un sueldo de 220.000 euros brutos anuales como directora general de presupuestos en Bruselas para percibir la tercera parte, en el Gabinete de Pedro Sánchez. Algo similar a lo que hizo Román Escolano, que dejó el Banco Europeo de Inversiones con una nómina de 300.000 euros anuales, para hacerse cargo durante tres meses de la sustitución de Luis de Guindos, en el Gabinete de Mariano Rajoy, por un sueldo notablemente inferior. A esto se le ha llamado en las cloacas políticas “hacer un Escolano”, cuando en realidad deberíamos quitarnos el sombrero y felicitarnos por la existencia de políticos que sí dan la talla. Sobre todo en una España en la que los sobres, las tarjetas black, las cajas B, los paraísos fiscales están a la orden del día. La llegada a la política de profesionales muy cualificados, con un gran prestigio, que no dudan en relegar sus profesiones y abultados sueldos , por defender sus ideas y pasar a la acción, es una buena noticia. Calviño y Escolano no son pioneros, ni han inventado nada nuevo, había precedentes y habrá sucesores, pero son dos personajes que han sido últimamente actualidad, en medio de una pléyade de nombres condenados o imputados por una corrupción que se ha hecho endémica a todos los niveles, empezando por las capas más altas. La podredumbre se ha extendido como una mancha de aceite por todo el Estado, pero es injusto y tendencioso poner el ventilador, como si todos los partidos políticos tuvieran la misma responsabilidad y culpabilidad. Tanto el PP, con un historial lleno de escándalos, seguido por el PSOE, y aquellas fuerzas políticas involucradas en casos de abusos, deben hacer un análisis en profundidad para erradicar un fenómeno que ha enfangado la política, dejando paso a otra generación que llega a las instituciones dispuestas a defender sus ideas, en lugar de sus carteras.