Historia y memoria para un futuro democrático
el final de la dictadura tras Francisco Franco fue un proceso que supuso concesiones a las elites franquistas de cara a facilitar un cambio político que le permitiera al Estado español su homologación como un Estado democrático.
Entre estas concesiones, una muy importante fue la no depuración ni castigo de todas las personas que habían colaborado con la dictadura. No fueron depurados ni sancionados militares, policías, jueces, periodistas, empresarios, maestros ni profesores sin cuya actuación el mantenimiento de la dictadura no hubiera sido posible las cuatro largas décadas que duró. De la base hasta la cúspide, también se mantuvo en la Jefatura del Estado a la persona elegida por Franco para sucederle, que reinaría, tras su muerte, como Juan Carlos I.
Hubo además una amnistía que, vista entonces popularmente como positiva por la liberación de los presos políticos, supuso de facto una ley de punto final para todos los criminales franquistas.
Y, además de eso, se consagró una política de silencio sobre el pasado con el argumento de que daría estabilidad a la nueva democracia, siguiendo el tópico franquista de que recordar el pasado equivaldría a propiciar una nueva guerra civil.
La memoria y la historia de la II República, el golpe de Estado, la Guerra Civil y la dictadura quedaron así proscritos oficiosamente. Temas que no interesaba recordar o investigar, premiar o promover, quedaron apartados de las principales líneas de investigación de la academia española durante muchos, muchos años.
Y, mientras tanto, miles y miles de víctimas del golpe de Estado, de la Guerra Civil y de la dictadura seguían sin ser localizados, identificados y devueltos a sus familias. Viudas y viudos, hermanos, hijos, nietos? continuaban padeciendo junto al sufrimiento por el asesinato de sus familiares el escarmiento añadido que supone la imposibilidad de recuperar sus restos y enterrarlos digna y humanamente, para poder así terminar su proceso de duelo, finalmente. Un escarmiento y castigo premeditado por los asesinos que buscaron, en el momento de cometer estos crímenes, que los cadáveres de sus víctimas no pudieran ser localizados ni identificados para ser devueltos a sus familiares.
Como muy bien expresó el historiador israelí José Brunner en un excelente análisis titulado Ironías de la historia española: observaciones sobre la política pos-franquista de olvido y memoria, que pudo realizar libre de condicionantes políticos y académicos, estos muertos acabaron rompiendo el silencio de la política española.
Esta ley, cuya aplicación ha sido imposibilitada al no dotar de fondos presupuestarios para ella los últimos gobiernos españoles, no ha podido frenar el proceso de recuperación de la memoria histórica. Familiares de víctimas y personas con sensibilidad humana y democrática han constituido asociaciones y grupos por toda la geografía estatal volcados en la recuperación de los desaparecidos.
En nuestro país, ha sido muy destacado el apoyo técnico que a estas asociaciones memorialistas ha prestado la Sociedad de Ciencias Aranzadi y su equipo arqueológico y forense liderados por Lourdes Errasti y Francisco Etxeberria, tanto en la recuperación de los cadáveres como en la denuncia de estos crímenes en todos los ámbitos, estatal e internacional. Lo que ha llegado a suponer la condena por parte de la Naciones Unidas de la política de desmemoria respecto a los crímenes franquistas por parte del Estado español -que ostenta el triste récord de ser el segundo en el mundo con más desaparecidos- e, incluso, la imputación por la justicia argentina de algunos de los presuntos responsables de estos crímenes que todavía viven. El lehendakari Urkullu, en un acto de homenaje a los gudaris que cayeron en Zirardamendi, celebrado en septiembre de este año, asumió como un compromiso de su gobierno la Recuperación de la Memoria Histórica.
Hace quince días se celebró en Vitoria-Gasteiz el primer Congreso Internacional de Arqueología de la Guerra Civil, organizado por un joven equipo dirigido por Xurxo M. Ayán Vila. En los diferentes días en que tuvo lugar, se comunicaron experiencias y reflexiones no sólo de arqueólogos sino también de investigadores de muchas disciplinas científicas, todas ellas necesarias en el proceso de localización, recuperación, identificación y devolución de los restos de los asesinados a sus familiares: antropólogos sociales y forenses, médicos, psicólogos e historiadores.
Era perceptible, además, la juventud y el carácter de voluntariado y el compromiso de muchos de los participantes, algunos en paro, otros realizando tesis doctorales sin ningún apoyo, otros dedicando a estas actividades lo mejor de su tiempo libre.
En el lado contrario, la Real Academia de la Historia española estrenaba al mismo tiempo nueva presidenta y ésta comenzaba sus primeras entrevistas siguiendo la tradición de la rancia institución banalizando y frivolizando sobre la dictadura franquista. Algo impensable en cualquier país democrático.
Mientras miles de víctimas y sus familias sigan esperando Justicia, Verdad y Reparación no se podrán establecer unas bases sólidas para construir una sociedad cívica y democrática en la que se asegure el respeto de todos los Derechos Humanos, individuales y colectivos. Desde Sabino Arana Fundazioa pensamos destinar nuestros mayores esfuerzos con este objetivo, antes de que desaparezcan los últimos representantes de las generaciones que padecieron la Guerra Civil y la dictadura.