En el momento de escribir estas líneas sólo pueden hacerse dos afirmaciones sobre la actual situación política en Cataluña. Por un lado, a pesar de las suspensiones cautelares del Tribunal Constitucional y de la oposición del gobierno español, el proceso de participación del 9 de noviembre fue un éxito y casi 2,4 millones de ciudadanos (sobre un censo estimado en poco más de seis millones de posibles votantes) acudieron a las urnas aquel domingo a pesar de las dificultades y del carácter de desobediencia civil que comportaba participar en la votación. De la participación del 9N se desprende que, ante unas futuras elecciones que podrían ser decisivas, la opinión política parece dividida en tres bloques: un tercio abstencionista (la media de participación en las diez elecciones al Parlamento de Cataluña que se han celebrado desde 1980 ha sido del 61%); casi un 40% dispuesta a acudir a votar como ya demostró el 9N; y poco menos de un tercio del que se desconoce a qué opción podría votar aunque presumiblemente una mayoría se decantaría por continuar en el Estado español. Así pues, el derecho a decidir consolida su posición central en el debate político en Cataluña y también en la agenda política española, donde el PSOE apuesta ahora por una reforma constitucional de corte federal mientras mira de reojo hacia Cataluña... y al PSC, que ha sufrido una nueva sangría con la formación, el pasado 30 de diciembre, del partido Moviment d’Esquerres (MES) que agrupa a alcaldes y regidores y a exconsejeros socialistas, pretende hacer confluir a las izquierdas soberanistas y apuesta decididamente por elecciones anticipadas en clave plebiscitaria para que la ciudadanía elija qué camino debe seguir Cataluña y, llegado el caso, si la disyuntiva es entre independencia o la situación actual, “el voto de los socialistas catalanistas sería favorable a la secesión”. Por otro lado, ejercer el derecho a decidir en forma de elecciones autonómicas adelantadas -que los programas de los partidos favorables al proceso y los resultados convertirían en plebiscitarias- se apunta en el horizonte. Falta el acuerdo sobre el cuándo y el cómo.

Tanto ICV-EUiA como la CUP rechazaron de inmediato la propuesta de Mas, que consideran un salvavidas para una desunida CiU, a la que las encuestas no auguran unos resultados brillantes. Además, estas fuerzas políticas critican a Mas los recortes en políticas sociales llevadas a cabo en la anterior legislatura (2010-2012) en connivencia con el PP, con quien Mas aprobó los presupuestos, que han debilitado enormemente el Estado de bienestar en Cataluña. ERC dio su respuesta en el discurso pronunciado por Oriol Junqueras el pasado 2 de diciembre.

Junqueras cree que se deben celebrar elecciones plebiscitarias cuanto antes mejor y ha propuesto la fecha del 8 de marzo. Avalado por las encuestas, considera que la mejor manera de optimizar el voto por la independencia es mediante listas separadas, de partidos -que podrían incluir también independientes de reconocido prestigio-, ya que una lista única podría retraer el voto de algunos ciudadanos que no están dispuestos a votar a miembros de partidos con los que no comparten ideología más allá de la común aspiración a la independencia. Las diferentes listas podrían compartir eslogan y efectuar conjuntamente actos de campaña a favor de la independencia. Tras las elecciones se formaría un gobierno de unidad que declararía la independencia y convocaría un referéndum para aprobar la Constitución catalana. Según el presidente de ERC, el primer paso debe ser la declaración de independencia para poder negociar de igual a igual -de Estado a Estado- con el gobierno español y defiende la diversidad de candidaturas por tres razones: porque así se obtendrían más votos a favor de la independencia; porque se deben respetar las diferentes opciones ideológicas de los ciudadanos (además de la independencia hay que definir qué país se quiere construir y eso no es posible hacerlo a partir de una lista única); y, de manera implícita, aunque no lo mencione, porque una lista única diluiría las perspectivas electorales de ERC que, según las encuestas, está en condiciones de dar el sorpasso a CiU y convertirse en el partido hegemónico del soberanismo.

En suma, los posicionamientos políticos de las últimas semanas dejan el siguiente escenario: la cerrazón del gobierno español que ha negado todas las posibilidades legales de llevar a cabo un referéndum pactado deja como única opción legal substituir la consulta por unas elecciones al Parlamento de Cataluña que, según los programas de los partidos y los resultados, tendrían carácter plebiscitario; Mas condiciona el avance electoral a la formación de una lista única que tenga como objetivo conseguir la independencia; ERC, ICV-EUiA y la CUP no aceptan la lista única pero consideran que las elecciones deben celebrarse cuanto antes y lo mismo piensan las organizaciones civiles que apoyaban el derecho a decidir. En este camino, la apuesta por la independencia ha sustituido al derecho a decidir, lo que puede ocasionar problemas y fracturas a UDC y a ICV-EUiA, que apoyaban la unidad en torno al derecho a decidir pero cuyos militantes no son todos independentistas. Y como telón de fondo, la aprobación de los presupuestos de 2015 para los que CiU no cuenta con apoyos suficientes.

En conclusión, un escenario totalmente abierto y movedizo que puede dar lugar a elecciones anticipadas o, si ERC no acepta la lista única de Mas, a agotar la legislatura prorrogando los presupuestos. En la recámara, la incomprensible actitud del gobierno español, que parece no darse cuenta de que más allá de los tactismos coyunturales (las listas), en Cataluña una mayoría transversal de ciudadanos se ha expresado a favor del derecho a decidir y que, en consecuencia, dicha reivindicación ha venido para quedarse. Se equivocan los que piensan que esto es un soufflé provocado por Mas y CiU que tenderá a bajar con el tiempo o los que equiparan el proceso catalán al Plan Ibarretxe.