La comunicación por Juan Carlos I al presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, de su decisión de abdicar la corona de España evidencia tanto la fragilidad de la monarquía española como el apenas ni hilvanado sustento legal de la traslación de la sucesión en la misma a la sucesión en la jefatura del Estado. Tanto es así que el propio Juan Carlos I no llegó ayer a dar más allá de su opinión -hecha pública posteriormente en mensaje televisado- respecto a la conveniencia de que sea su hijo, Felipe de Borbón, quien la asuma. No en vano, en virtud del Título II de la Constitución, cabe preguntarse si la herencia de la Corona estipulada en el artículo 57.1 es trasladable a la jefatura del Estado, recibida por Juan Carlos I no, como pretende en su mensaje, de su padre, el conde de Barcelona, de quien únicamente heredó "el legado de la monarquía española"; sino del anterior jefe de Estado, el general Franco, que se hizo con ella mediante un golpe de Estado anticonstitucional y la consiguiente Guerra Civil. De hecho, aunque la Constitución estipula en el artículo 56.1 que "el Rey es el Jefe del Estado", es precisamente "Juan Carlos I, rey de España" quien con anterioridad al preámbulo y el Título Preliminar de la Carta Magna se otorga ya, en virtud de esa herencia recibida de Franco, la potestad de darla a conocer y posteriormente, en su disposición final, la de ordenar a los ciudadanos españoles "guardar y hacer guardar esta Constitución como norma fundamental del Estado". Pero aun en el caso de que se diera a la realidad constitucional -que la sociedad vasca, por cierto y en cualquier caso, no aprobó- una lectura adaptada a la continuidad de la dinastía Borbón, y una vez redactado por el Consejo de Ministros el proyecto de ley orgánica que prevé el artículo 57.5 de la Constitución respecto al orden de sucesión, cabría preguntarse por la legitimidad de la mayoría absoluta parlamentaria que debe aprobarla tras la debacle electoral de las dos fuerzas políticas que habrían pactado y apoyarían dicha sucesión frente al auge de aquellos que hoy reclaman un referéndum para elegir entre monarquía y república. También por la de la propia monarquía para pretender perpetuarse toda vez que, según las encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), la institución monárquica perdió de modo ostentoso la confianza de la ciudadanía en 2011 y no la ha vuelto a recuperar.