Una reforma innecesaria y regresiva

EL Gobierno español ha vuelto a dar una muestra palpable de su talante, de su manera de entender el ejercicio de la política y de sumisión a determinados intereses -en algunos casos económicos, en otros ideológicos o religiosos- por puro interés partidista y electoral. La manera en la que el Ejecutivo de Rajoy ha abordado la reforma de la ley sobre el aborto es prueba palpable de ello. En primer lugar, se trata de una reforma absolutamente innecesaria, toda vez que existía -y sigue existiendo, porque una nueva norma no cambia las percepciones sociales- un consenso político y social generalizado, mayoritariamente aceptado en torno a la ley en vigor. Lo cual no quiere decir en absoluto que no pudiera ser mejorada, pero no desde la perspectiva que pretende hacerlo el PP: por imposición, sin diálogo, sin consenso. Es preciso subrayar que la ley actual no generaba en la sociedad un especial desasosiego o un gran debate sobre la imperiosa necesidad de una reforma que implicase una regresión del calibre de la que ha abordado el Gobierno. Es cierto que un sector ideológico -el más a la derecha- y religioso venía presionando con inusitada fuerza para tumbar la ley, que considera un "coladero" para el ejercicio, en la práctica, del aborto libre. Pero estas posiciones son a todas luces minoritarias y responden en muchos casos a ideas basadas en creencias religiosas absolutamente legítimas pero que en ningún caso pueden ser trasladadas de forma directa a norma o conducta general en una sociedad avanzada del siglo XXI. El salto hacia atrás es tal que la ley, una de las más regresivas de nuestro entorno, retrotrae a los tiempos en que el aborto era delito.