eS probable que en otra coyuntura política y social, sin la tensión que se palpa en la calle (donde hasta la secretaria general del PP está siendo increpada por viandantes con los que se cruza), el Gobierno de Rajoy no habría dado vía libre a una iniciativa legislativa popular (ILP) que reclamara en el Congreso de los Diputados la dación en pago con efecto retroactivo, la paralización de los desahucios y la promoción del alquiler social. Máxime contando, como cuenta, con una mayoría absoluta. La solicitud estaba avalada por casi 1,5 millones de firmas, era la primera ILP que prosperaba en la Cámara Alta y los populares se habían negado a apoyarla de forma vehemente, incluso horas antes de que se iniciara ayer la sesión del Congreso. No hay duda de que la presión ambiental ha obligado al PP a modificar su intención de voto inicial de veto a la de posibilitar, al menos, su tramitación. La inquietud ciudadana ante la aplicación generalizada de la práctica de los desahucios -más de 400.000 personas han perdido su vivienda y han quedado endeudadas de por vida desde el inicio de la crisis- exige a los representantes políticos una actitud abierta hacia las nuevas necesidades y demandas de la sociedad. El PP, que en la misma sesión de ayer había accedido al debate de otra ILP para consolidar legalmente el espectáculo taurino como un bien de interés cultural con menos de la mitad de firmas ciudadanas, tuvo que aceptar también el debate democrático sobre el problema humano, económico, social y ético de los desahucios. Y ello el mismo día en que una pareja de jubilados en Mallorca y otra persona en Basauri se suicidaban apremiados por el agobio humano del desahucio, por la pérdida de un techo donde vivir. No son los primeros casos, desgraciadamente. La decisión forzada del PP no debería ser un simple gesto para eludir la protesta ciudadana y luego dejarlo en agua de borrajas en el trámite parlamentario, sino constituir el primer paso para que las instituciones pongan coto a una situación abusiva, más aún si se tiene en cuenta que muchos de esos desahucios -que dejan en la calle y lastrados de por vida a miles de ciudadanos- son promovidos por entidades financieras que han sido rescatadas con miles de millones de euros del bolsillo de todos. Lo han denunciado los jueces y la propia UE. Es una exigencia ética mínima para la regeneración democrática.