La gestión del agua: ¿empresa pública o privada?

la legislación de la mayoría de los países deja en manos del sector público, normalmente de las Entidades Locales (EELL), la competencia del suministro de agua. Sin embargo, la normativa no obliga a que sea la propia EELL la que preste el servicio de manera directa, y puesto que en algunos casos las instalaciones abastecimiento y saneamiento son supramunicipales (embalses, estaciones de tratamiento, etc) o por simples motivos de tamaño o escala, se propicia la prestación del servicio a través de entidades o sociedades públicas que agrupan a varios municipios.

Durante años, tanto en los municipios de un cierto tamaño en los que la gestión de forma directa como en las que lo hacían de manera agrupada, la reducción del déficit público (normalmente el precio del agua no cubría los costes del servicio) y la mejora de la eficiencia, han sido los argumentos utilizados para justificar los procesos de privatización de la gestión del agua.

Pero, ¿qué queremos decir cuando hablamos de privatización del agua?

La privatización no se realiza siempre de la misma manera. Algunos privatizan los medios materiales y las instalaciones de abastecimiento. Así, Margaret Thatcher llego a privatizar hasta las tuberías y otros, como Pinochet, privatizan los derechos del agua.

Hoy en día la fórmula más utilizada es la concesión de los servicios. El agua sigue siendo pública, el servicio responsabilidad de las EELL, pero se adjudica la gestión a un agente privado.

Como ya se ha mencionado, el argumento que se ha venido utilizando para privatizar la gestión del agua es el de la eficiencia de la gestión privada respecto a la pública cuando, por ejemplo, las empresas públicas de agua de Suiza están consideradas entre las más eficientes del mundo. En ese país, el sector del agua está organizado como un monopolio local, muy atomizado, pero con una creciente tendencia hacia la regionalización de los operadores, tanto por razones económicas, técnicas y de seguridad.

También se podrían dar ejemplos de empresas públicas ineficientes y de privadas que funcionan muy bien.

Lo que sí es verdad es que los que han optado por servicios de agua públicos eficientes, los tienen.

Algunos consideran que, al ser la gestión del agua un monopolio público, propiciar la entrada del sector privado podría hacer aumentar la competencia y, por lo tanto, la eficiencia del servicio, pero no ocurre así.

En España, según la Fundación Nueva Cultura del Agua, la gestión de los servicios de abastecimiento se distribuye de la siguiente manera:

- Por la propia EELL: 7%.

- Por sociedades públicas: 45%.

- Por sociedades privadas: 36%.

- Por sociedades mixtas público-privadas: 11%.

- Otros: 1%.

A su vez, ese sector privado, está controlado en un 90% por dos empresas, Agbar (perteneciente al grupo Suez) y FCC (participada por Veolia), con lo que en la práctica la competencia no es tal. Hoy en día, la entrada del sector privado en la gestión del agua conlleva, en la mayoría de los casos, el pago de un canon a la EELL, dinero que en la mayoría de los casos no revierte al servicio de aguas, a cambio de la cesión de la gestión del agua por un determinado plazo de tiempo, normalmente más de 10 años, y unos precios del agua que se incrementan tomando como referencia unas determinadas fórmulas de actualización.

¿Y quién realiza las inversiones allí donde existen unas determinadas necesidades y ha sido privatizada la gestión? Está claro que el capital privado no, este va a hacer un negocio, totalmente legítimo, pero un negocio, y todo lo que tenga que ver con necesidades sociales o medioambientales, salvo que le sean debidamente remuneradas, las deberán seguir realizando las entidades públicas.

Retomando la cuestión de la eficacia en la gestión, un reciente estudio llevado a cabo por el Departamento de Economía Aplicada de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Granada ha comparado la eficiencia de la gestión entre 28 sociedades púbicas y 24 ámbitos (municipales o supramunicipales) con gestión privada, todas ellas ubicadas en Andalucía, mediante la utilización del Análisis Envolvente de Datos (DEA) que tradicionalmente es el método utilizado para la comparación de la eficiencia de un conjunto de unidades productivas. El citado estudio concluye que las empresas públicas son más eficientes que las privadas y añade que uno de los motivos puede ser la laxitud en el control de la actividad del operador privado por parte de la EELL o el organismo público competente.

A la vista del resultado, cabría preguntarse a qué otros intereses, que no los de eficacia en la gestión, obedece el proceso privatizador del servicio de agua vivido en Andalucía en los últimos años.

Lo que sí puede ocurrir en la gestión pública respecto a la privada, y remarco que puede ocurrir pero no que ocurre habitualmente, es que la función pública puede volverse flácida, sin voluntad de mejora, anquilosada, etc. Esto es lo que debemos evitar.

Los que nos movemos en el mundo de la gestión del agua debemos procurar que nuestras entidades sean, desde el punto de vista de nuestros clientes, muy enfocadas hacia ellos, desde el tecnológico, aprovechando todo lo que esté a nuestro alcance y sea rentable y promoviendo la investigación, el desarrollo y la innovación, y desde el ambiental, con absoluto respeto a nuestro entorno.

Tras haber dejado mis cartas boca arriba sobre cómo entiendo la gestión del agua, que debe quedar siempre en el marco de lo público, también tengo que reconocer que hay una pata que nos cojea un poco, y es que echo de menos, por lo menos en el ámbito del Consorcio de Aguas de Gipuzkoa-Gipuzkoako Urak, la participación de otros agentes sociales y económicos, además de los políticos, que puedan aportar sus proyectos e ideas. En definitiva, creo que el modelo de gestión del agua debe ser público, pero con más participación de otros agentes sociales.