El equipo especial de fiscales a cargo del caso de insurrección contra el expresidente destituido Yoon Suk Yeol ha pedido este martes la pena de muerte para el exmandatario en relación con la polémica ley marcial decretada en diciembre de 2024 y que le costó el cargo meses después.
Los fiscales han señalado a Yoon como el responsable de liderar un proceso de insurrección al declarar la citada ley, que llevó al despliegue de tropas durante varias horas en las inmediaciones del Parlamento y desató una grave crisis política a nivel interno, según informaciones del diario 'The Korea Times'.
En su solicitud, han argumentado que Yoon era, en última instancia, responsable de "intentar socavar el orden constitucional al movilizar a las Fuerzas Armadas y la Policía para reprimir a la Asamblea Nacional". Así, han defendido que estas acciones representaron una "grave amenaza para la democracia y que justifican la pena más severa prevista por la ley surcoreana".
El fiscal especial Park Eok Su ha acusado al expresidente de "declarar la ley marcial con el objetivo de mantenerse en el poder durante un largo periodo de tiempo al hacerse con el poder judicial y el legislativo al completo". "La naturaleza de este delito es grave y ha provocado la movilización de numerosos recursos que deberían haber sido utilizados únicamente en interés nacional", ha alertado.
La petición, que ha sido planteada durante una vista judicial ante el tribunal de distrito de Seúl, marca un momento de inflexión en uno de los casos judiciales más polémicos de la historia del país asiático, puesto que Yoon se convirtió en el primer presidente en ser detenido e imputado mientras desempeñaba el cargo. El tribunal planea emitir su fallo el 19 de febrero.
El expresidente ha sido imputado también por abuso de poder y obstrucción a la justicia, y los fiscales inciden en que siguió adelante con la imposición de una ley reservada para tiempos de guerra, emergencias nacionales o crisis de gran envergadura.
Yoon ha reiterado su inocencia, argumentando que el ejercicio del derecho constitucional de un presidente al estado de emergencia no puede constituir una insurrección. "No fue una dictadura militar que reprimiera a los ciudadanos, sino un esfuerzo por salvaguardar la libertad y la soberanía y revivir el orden constitucional", ha declarado.
En su declaración final de 90 minutos, ha criticado las investigaciones y la acusación en su contra como una "frenética danza de espadas caracterizada por purgas y represión".
El exjefe de Estado ha sido acusado de haber tomado medidas para propiciar el arresto de figuras políticas relevantes durante aquella jornada del 3 de diciembre, entre ellas el presidente del Parlamento, Woo Won Shik, y el entonces líder opositor (y ahora presidente del país), Lee Jae Myung.
Desde entonces, varios ministros y altos cargos de su Gobierno han sido imputados en condición de cómplices por desempeñar un papel fundamental a la hora de supuestamente instigar a la insurrección.
Bajo el Código Penal surcoreano, el delito de encabezar actos de insurrección lleva a tres posibles escenarios: la pena de muerte, la cadena perpetua o la cadena perpetua exenta de trabajos forzosos.
La petición de los fiscales ha suscitado comentarios entre altos cargos del país y la formación gubernamental, el Partido Democrático (PD). Desde la Presidencia, han resaltado que esperan que la Justicia "tome las medidas adecuadas en base a la ley". "Esperamos que se cumplan las expectativas de la población", han aclarado.
El portavoz del PD, Park Soo Hyun, ha hecho hincapié en la importancia de que "los responsables de lo sucedido hagan frente a la forma de justicia más severa por unos actos que podrían haber destruido el orden constitucional y haber acabado con la soberanía popular".
